Seis imputados y una trama cada vez más compleja: Castelli en el centro y Castellanos bajo una grave imputación

Con las imputaciones de Rolando Martín Castellanos, Esteban Weyemberg y Sofía Balaguero, sumadas a las de Ramiro Petros, Ernesto Petros y Castelli, son seis las personas imputadas, según la información aportada a este medio.

Y frente a semejante escenario vuelve con fuerza una advertencia que la querella viene realizando prácticamente desde el comienzo: ¿se investigan solamente estafas reiteradas o los hechos descriptos podrían revelar la existencia de una organización estable destinada a cometer delitos?

La pregunta adquiere todavía mayor dimensión cuando se analiza la imputación formulada contra Castellanos.

Castelli: una presencia que se repite en el corazón de las operaciones investigadas

La descripción fiscal coloca a María Soledad Castelli en una posición particularmente relevante dentro de la mecánica investigada.

No aparece mencionada solamente en un episodio. Su nombre atraviesa diferentes operaciones que el propio Ministerio Público Fiscal presenta como integrantes de la maniobra presuntamente defraudatoria.

Según la imputación, Castelli y Petros habrían captado damnificados mediante la oferta de inversiones vinculadas con la compraventa de vehículos de alta gama y la promesa de importantes ganancias. El perjuicio económico inicialmente mencionado por la Fiscalía habría superado aproximadamente los 250 millones de pesos.

Pero la descripción avanza mucho más.

El documento sostiene que habrían sido puestos en circulación numerosos cheques pertenecientes a distintas cuentas, algunos de ellos con conocimiento de que no podrían afrontar las obligaciones asumidas. También describe operaciones con concesionarias y empresas dedicadas a la comercialización de automotores.

Incluso la Fiscalía menciona 42 cheques vinculados a Invicta Cars S.A., por aproximadamente 390 millones de pesos, que habrían sido rechazados por falta de fondos, además de e-cheqs endosados por Castelli y posteriormente puestos en circulación.

La imputación agrega otro dato de enorme relevancia: al referirse a determinadas operaciones con SOTE automotores, sostiene que Castelli habría tenido conocimiento y manejo de esas empresas al haberse presentado como contadora.

Es decir, dentro de la hipótesis del Ministerio Fiscal, Castelli no aparece como una persona circunstancialmente vinculada a Petros. Aparece reiteradamente asociada a cuentas, cheques, operaciones comerciales y movimientos económicos que forman parte del núcleo de los hechos investigados.

Castellanos: la Fiscalía no le atribuye una intervención inocua

Pero quizás uno de los aspectos que más interrogantes genera surge de la imputación formulada contra el abogado Rolando Martín Castellanos, quien llamativamente fue asistido por la defensa pública oficial en una causa de defraudación de sumas millonarias.

La Fiscalía no se limita a decir que conocía a los principales imputados.

Lo acusa formalmente como partícipe secundario de estafas reiteradas, conforme los artículos 172 y 46 del Código Penal. Y la propia descripción fiscal utiliza expresiones de especial gravedad al atribuirle haber puesto determinados instrumentos a disposición de los imputados “con su conocimiento y cooperación”.

Ese punto cambia sustancialmente la lectura del caso.
Porque ya no se estaría hablando —siempre dentro de la hipótesis acusatoria que deberá probarse— de una actuación profesional neutral o de una persona que simplemente hubiera quedado involucrada por mantener relaciones comerciales con alguno de los protagonistas.
La Fiscalía le atribuye cooperación.

Más todavía: la imputación sostiene que Castellanos habría operado con cheques propios y que determinados instrumentos posteriormente no pudieron ser cobrados por falta de fondos, atribuyéndole conocimiento previo de esas circunstancias. También lo vincula con operaciones destinadas a adquirir vehículos en concesionarias de Buenos Aires.

Por eso la situación procesal de Castellanos adquiere una significación particular: no está mencionado como testigo de las operaciones sino imputado penalmente por haber contribuido, según la tesis fiscal, a su realización.

Entonces, ¿por qué solamente estafas reiteradas?

Allí aparece la contradicción que seguramente alimentará la discusión jurídica que viene.

La cantidad de imputados, por sí sola, no configura una asociación ilícita. Pero cuando una investigación alcanza a seis imputados, cuando aparecen diferentes personas presuntamente desempeñando distintos roles, cuando se investigan numerosos damnificados, operaciones reiteradas, vehículos, cuentas bancarias, cheques y empresas, y cuando la propia Fiscalía habla de “cooperación” y hasta de un “plan criminal” al describir determinados hechos, la hipótesis planteada desde un primer momento por la querella difícilmente pueda ser tratada como una mera especulación.

El interrogante es inevitable:

¿Estamos realmente frente a seis personas que habrían intervenido aisladamente en diferentes estafas o frente a una estructura en la que cada integrante habría aportado una pieza necesaria para sostener una mecánica delictiva mucho más amplia?

Esa es precisamente la línea que la querella pretende que se investigue.

Una causa que podría cambiar de dimensión

La investigación parece haber dejado atrás hace tiempo la imagen de una operación comercial aislada.

La propia evidencia enumerada por la Fiscalía incluye declaraciones testimoniales, cheques, formularios 08, informes sobre vehículos, allanamientos, secuestros, extracciones forenses de dispositivos, informes bancarios y transcripciones de comunicaciones.

Ahora habrá que reconstruir algo todavía más importante: quién hacía qué dentro de cada operación.
Quién captaba a los damnificados. Quién aportaba los cheques. Quién facilitaba cuentas. Quién intervenía con los vehículos. Quién aportaba documentación. Quién negociaba con las concesionarias. Y, principalmente, si esas conductas fueron independientes o respondían a una estructura coordinada y estable.

Castelli aparece, según la imputación, repetidamente vinculada al corazón económico de las operaciones. A Castellanos, por su parte, la Fiscalía directamente le atribuye conocimiento y cooperación y lo imputa como partícipe de las estafas.

Por eso, con seis personas ya imputadas, la discusión sobre la posible existencia de una asociación ilícita dejó de ser una pregunta marginal de la causa.

Se convirtió en uno de los interrogantes centrales que la investigación deberá responder.

Porque si finalmente se comprobara que existió una estructura permanente, con división de funciones y destinada a concretar una pluralidad de delitos, ya no se estaría solamente ante una acumulación de estafas: la investigación podría encontrarse frente a una organización criminal cuya verdadera dimensión todavía resta determinar.