Desalojos más rápidos: qué propone el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado
El Congreso nacional avanza en el tratamiento de un proyecto que podría modificar de manera significativa los procesos de desalojo en Argentina. La iniciativa, denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputados.
La propuesta busca agilizar los procedimientos judiciales para la restitución de inmuebles urbanos y rurales, estableciendo nuevas reglas tanto para propietarios como para inquilinos y ocupantes.
Juicios más rápidos para recuperar inmuebles
Uno de los principales cambios que contempla el proyecto es que todas las acciones de desalojo se tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento judicial más breve que el actual, con el objetivo de reducir los tiempos de resolución.
Además, la iniciativa amplía la legitimación para iniciar una demanda, permitiendo que no solo el propietario pueda solicitar el desalojo, sino también cualquier persona que demuestre un derecho o interés legítimo sobre el inmueble.
Nuevas reglas para desalojos por falta de pago
En los casos de alquileres destinados a vivienda, el proyecto establece que el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda.
La notificación deberá realizarse de manera fehaciente y otorgará un plazo mínimo de 10 días corridos para cancelar el monto adeudado. Podrá enviarse tanto al domicilio físico como al electrónico informado en el contrato, y tendrá validez incluso si el inquilino rechaza recibirla.
Si transcurrido ese plazo no se regulariza la situación o el contrato ya hubiera finalizado, el propietario podrá iniciar la demanda de desalojo mediante el procedimiento abreviado.
Entrega de llaves y ocupaciones ilegales
El proyecto también incorpora disposiciones sobre la devolución del inmueble. Establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su recepción por deudas pendientes.
En caso de negativa o silencio del locador, el inquilino podrá realizar una consignación judicial, quedando los gastos del trámite a cargo del propietario.
Por otra parte, la iniciativa habilita la posibilidad de que un juez ordene la restitución inmediata del inmueble en situaciones de ocupación precaria o intrusión, siempre que considere acreditado el derecho del demandante.
Inspecciones y uso de la fuerza pública
Entre las modificaciones previstas también figura la posibilidad de que el juez ordene una inspección judicial dentro de las 72 horas cuando existan denuncias por ocupación indebida, daños, cambios de destino o uso irregular del inmueble.
Durante esas actuaciones deberán identificarse todos los ocupantes y, si fuera necesario, el oficial de justicia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo.
Protección para personas vulnerables
El proyecto mantiene resguardos para personas en situación de vulnerabilidad. Si en la vivienda habitan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desprotegidos, será obligatoria la intervención del Ministerio Público Tutelar y de los organismos competentes.
En esos casos, el juez podrá conceder un plazo de hasta 10 días para garantizar una solución habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
A la espera del debate en Diputados
Los impulsores de la iniciativa sostienen que las modificaciones buscan brindar mayor protección al derecho de propiedad y acelerar los procesos judiciales relacionados con la recuperación de inmuebles.
Sin embargo, el proyecto todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate antes de una eventual sanción definitiva.
