Adorni y los Bitcoin: las dudas que deja el dictamen del fiscal Pollicita para descartar el enriquecimiento ilícito
El fiscal consideró que no hay pruebas suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilegalmente durante su paso por el Gobierno y pidió que la causa pase al fuero Penal Económico por una posible evasión impositiva. El eje de su razonamiento fueron ocho direcciones de Bitcoin que la defensa presentó como respaldo del origen de los fondos. Sin embargo, el dictamen deja interrogantes sobre la titularidad de esas billeteras y la trazabilidad del dinero.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten acreditar que el exjefe de Gabinete haya incurrido en enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.
A partir de esa conclusión, solicitó que el expediente deje de tramitar en la Justicia Federal y sea remitido al fuero Penal Económico, donde se investigaría una posible evasión impositiva.
La decisión generó cuestionamientos porque el fiscal tomó como válida, en términos de posibilidad, la explicación de la defensa sobre el origen de buena parte del dinero utilizado por Adorni para afrontar gastos e inversiones mientras era funcionario. El dictamen, de 38 páginas, no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación: ahora deberá resolver el juez federal Ariel Lijo.
Las ocho billeteras de Bitcoin que fueron clave
El argumento central de la defensa fue que Adorni había comprado Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de incorporarse al Gobierno. Según esa versión, una inversión inicial de unos 200.000 dólares habría generado posteriormente alrededor de 591.544 dólares.
Para respaldar esa explicación, el exfuncionario presentó ocho direcciones de Bitcoin, cuyas claves de acceso fueron verificadas durante la investigación.
Sin embargo, los informes técnicos de la Policía Federal no pudieron establecer quién controlaba históricamente esas billeteras entre 2014 y 2018. La verificación permitió comprobar que la defensa tenía acceso a las claves al momento de realizarse la pericia, pero no determinar desde cuándo ni quién las había utilizado anteriormente.
En otras palabras, los peritajes no acreditaron que las billeteras pertenecieran a Adorni durante el período en que, según su declaración, habría comprado las criptomonedas. Tampoco pudieron demostrar que fueran de otra persona.
Pollicita consideró que esa imposibilidad de descartar la versión defensiva permitía sostenerla como una hipótesis técnicamente consistente. Ese razonamiento fue uno de los puntos más cuestionados del dictamen.
Los gastos en efectivo y la explicación del patrimonio
Otro aspecto central fueron los gastos realizados por Adorni y su entorno familiar durante el período investigado. Según el relevamiento incorporado al expediente, las erogaciones en dólares alcanzaron los 402.578,12 dólares, de los cuales el 92,9% habría sido abonado en efectivo.
Entre las operaciones mencionadas aparecen la compra de un terreno en el country Indio Cuá, las refacciones de esa propiedad, la adquisición de mobiliario, la compra de un departamento en Caballito y distintos gastos familiares, como viajes, alquileres temporarios, expensas y aranceles escolares.
El fiscal consideró que los fondos declarados por la supuesta venta de activos digitales podían explicar esas erogaciones.
También evaluó los ingresos formales acumulados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, antes de 2014 y hasta 2018. Según el cálculo incorporado al dictamen, esos ingresos permitirían considerar compatible la inversión inicial de 200.000 dólares en criptomonedas.
No obstante, la explicación recibió cuestionamientos de especialistas que señalaron la falta de comprobantes de las operaciones originales y de una trazabilidad que permita vincular directamente los Bitcoin con los dólares utilizados posteriormente.
Una causa que no está cerrada: ahora investigarán una posible evasión
Aunque Pollicita consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito, advirtió sobre posibles irregularidades tributarias.
Entre los puntos que pidió investigar aparecen la omisión de declarar determinados activos y divisas durante años, el uso de grandes cantidades de efectivo y la incorporación de información patrimonial mediante declaraciones rectificativas cuando la causa ya estaba en marcha.
El fiscal también solicitó profundizar la investigación sobre otras personas vinculadas con operaciones inmobiliarias y refacciones, y pidió que se analice la actuación de la escribana interviniente.
La decisión final sobre el cambio de fuero está ahora en manos del juez Ariel Lijo. Si acepta el planteo, el expediente continuará en la Justicia Penal Económica, con el foco puesto en determinar si existió evasión tributaria.
Por eso, el dictamen no representa una absolución de Adorni: modifica el encuadre de la investigación y deja abiertas nuevas preguntas sobre el origen y la declaración de los fondos.
La controversia de fondo es si la imposibilidad de demostrar que las billeteras no pertenecían a Adorni alcanza para considerar justificado el origen del dinero. Una cuestión que seguirá bajo análisis judicial.
