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La Defensoría del Pueblo interviene ante la paralización de la obra cloacal de Añatuya
La situación reviste extrema gravedad institucional, sanitaria y social, ya que la obra se encuentra suspendida.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Daniel Escobar Correa, tomó intervención ante la paralización de la obra de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal de la ciudad de Añatuya, una infraestructura estratégica para la salud pública, el saneamiento ambiental y la calidad de vida de miles de vecinos. Solicitará información a las áreas responsables del gobierno nacional y al BID, sobre el cumplimiento del pago de la obra licitada.
La situación reviste extrema gravedad institucional, sanitaria y social, ya que la obra se encuentra suspendida como consecuencia de la falta de cumplimiento regular en el pago de los certificados correspondientes, en el marco del crédito acordado por el Banco Interamericano de Desarrollo al Gobierno Nacional para su ejecución.
Se trata de una obra de capital importancia para Añatuya, iniciada en junio de 2022, que comprende la construcción de una red cloacal de 147 kilómetros, colectoras, troncales, derivadoras, plantas de bombeo y una planta de tratamiento. A la fecha, se habría ejecutado aproximadamente un 40% del proyecto, principalmente con la colocación de la malla fina en distintas calles de la ciudad.
Sin embargo, la continuidad de los trabajos se encuentra severamente comprometida. Según la información recibida por la Defensoría del Pueblo a partir de planteos de vecinos y datos vinculados a la ejecución de la obra, la UTE Esuco-Supercemento paralizó las tareas ante una situación financiera que se volvió insostenible, producto de pagos irregulares, fuera de término y de una deuda que rondaría los $1.000.000.000.
La empresa contratista tendría certificados pendientes de pago desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. El último certificado abonado habría sido el correspondiente a noviembre de 2025, pagado recién en marzo de 2026. Esta irregularidad no sería un hecho aislado ni reciente, sino parte de un proceso de incumplimientos que se arrastra desde hace aproximadamente dos años, con consecuencias directas sobre la planificación, ejecución y continuidad de una obra esencial.
La Defensoría advirtió que la paralización no sólo compromete el futuro de una infraestructura indispensable para el saneamiento de Añatuya, sino que también pone en riesgo más de 100 puestos de trabajo. El 12 de mayo se habrían suspendido 15 operarios de la UOCRA y, de persistir la situación, hacia mediados de junio podría producirse la baja total del personal afectado a la obra.
“Estamos frente a una situación que no puede ser mirada como un simple problema administrativo o financiero. Lo que está en juego es la salud pública, el ambiente, la dignidad de una ciudad entera y el sustento de más de cien familias trabajadoras”, señalaron desde el organismo.
Añatuya presenta una problemática ambiental histórica vinculada a la altura de la napa freática, que en sectores de la ciudad se encuentra a menos de un metro de profundidad. Esa condición genera serias dificultades para la evacuación de los pozos absorbentes y aumenta el riesgo de contaminación diaria de las napas, con impacto directo sobre la salud de la población.
En ese contexto, la obra cloacal no constituye una mejora secundaria ni una promesa de desarrollo abstracta: representa una necesidad sanitaria urgente. Su paralización implica dejar expuestos a miles de vecinos a condiciones ambientales deficientes y postergar una solución estructural largamente esperada.
Fuerte impacto urbano y ambiental
La Defensoría del Pueblo remarcó que una obra inconclusa de estas características también produce un fuerte impacto urbano y ambiental. Retomar trabajos luego de largos períodos de inactividad puede implicar mayores costos, deterioro de lo ya ejecutado, gastos improductivos y nuevas demoras, convirtiendo el abandono financiero en un daño concreto para la comunidad.
La obra, cuyo plazo original se encuentra vencido desde el 5 de diciembre de 2025, aún tiene pendiente el 60% de su ejecución, además de dos ampliaciones necesarias. Una de ellas habría sido presentada en mayo de 2025 y hasta el momento no habría sido aprobada. La segunda modificación depende de la aprobación de la primera. Ambas ampliaciones representarían alrededor de un 40% adicional de obra, lo que evidencia que aún restan, como mínimo, dos años de trabajo efectivo para su finalización.
Desde la Defensoría se cuestionó con firmeza la falta de previsibilidad y cumplimiento por parte de los organismos nacionales responsables de garantizar el financiamiento y la continuidad de la obra.
“No hay ajuste fiscal ni demora administrativa que pueda justificar que una ciudad quede sin una obra sanitaria esencial, que se frene el saneamiento ambiental y que más de cien familias queden al borde de perder su fuente laboral. Cuando una obra de esta magnitud se paraliza, no se detiene solamente una construcción: se detiene el derecho de una comunidad a vivir mejor”, expresaron.
El organismo provincial remitirá pedidos de informes a los organismos nacionales pertinentes, a las áreas responsables de la ejecución de la obra y al Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de conocer con precisión si los fondos fueron efectivamente girados al Gobierno Nacional, cuál fue su destino, por qué no se aplicaron oportunamente al pago de los certificados de avance y cuáles son las razones concretas que llevaron a la paralización.
Asimismo, la Defensoría ya cuenta con información verbal requerida a organismos provinciales como ERSAC y Aguas de Santiago, y avanzará ahora en la formalización de todas las actuaciones necesarias para exigir respuestas claras, documentadas y urgentes.
La intervención del organismo responde a la preocupación de los vecinos de Añatuya y al deber institucional de defender derechos colectivos vinculados a la salud, el ambiente sano, el acceso a servicios esenciales, el trabajo y la calidad de vida.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la paralización de esta obra “constituye un hecho de enorme gravedad política e institucional”, porque revela el impacto concreto que tienen las decisiones nacionales cuando se incumplen compromisos asumidos con las provincias y con las comunidades del interior.
“Añatuya no puede quedar rehén de la indiferencia, de la mora administrativa ni de la falta de cumplimiento financiero. Esta obra debe continuar, los fondos deben aparecer, los certificados deben pagarse y los vecinos deben recibir una explicación seria. La salud pública y el trabajo no pueden esperar”, concluyeron desde la Defensoría.
