El gobierno de ultraderecha de Chile no homenajeará a Allende por primera vez desde el retorno a la democracia

Al presidente chileno José Antonio Kast le incomoda la fecha de aniversario del golpe de Estado que derrocó -el 11 de septiembre de 1973- al gobernante socialista Salvador Allende. Férreo defensor del dictador Augusto Pinochet, Kast llega a estos 53 años de la destrucción de la democracia con promesas incumplidas a sus partidarios, como los indultos a las criminales preso por delitos de lesa humanidad cometidos durante los 17 años que duró la dictadura civil militar.

Por primera vez desde el término de la dictadura y la llegada de gobiernos civiles, no habrá actos oficiales que recuerden la figura de Allende, los caídos en La Moneda durante el ataque combinado por aire y tierra, así como los millares de víctimas que dejó la represión desde los primeros días del asalto al poder por parte de los militares.

Kast ni siquiera tiene previsto asistir al acto ecuménico que se realiza cada aniversario del golpe, pese a que es un católico conservador que asiste a misa diaria. Menos aún saldrá del palacio presidencial y caminar unos metros para rendir homenaje al presidente derrocado y que dejó su vida ese martes 11 de septiembre, cuando la casa de gobierno sufrió un aplastante bombardeo aéreo que antecedió a la arremetida terrestre con tropas, tanques y vehículos blindados.

“Como presidente de la República voy a estar desplegado en regiones. Valoro que no se olviden las fechas porque son parte de nuestra historia”, dijo Kast, y agregó que “si alguien solicita que la misa (matinal que se celebra en el Palacio La Moneda) ese día viernes sea intencionada, no hay problema. Todos los días viernes se realiza una ceremonia litúrgica y no tenemos ningún problema en que se ore ese día, pero nosotros estamos orando por el Chile de hoy y del futuro (…). No (habrá ningún acto del gobierno), ninguno”, reiteró.

Durante sus tres campañas a la presidencia de Chile, Kast aseguró que indultaría a los responsables de los más de tres mil asesinatos por ejecuciones sumarias y desaparición forzada, así como de decenas de miles de personas que fueron secuestradas y sometidas a torturas en centros secretos de detención.

La propuesta que ha levantado la extrema derecha supone crear una legislación que permita cumplir el resto de las penas de los más dos centenares de exagentes en sus domicilios, atendiendo a la avanzada edad de estos y la presencia de enfermedades crónicas. Pero Kast, con creciente descapitalización política y pérdida de apoyo ciudadano a su gestión, ha optado por no incursionar en un camino que modifique las condenas de los represores, quienes solicitaron un “gesto” del gobernante en este aniversario del derrocamiento de Allende.

Desafiante, el exagente y alto oficial de los organismos represivos Miguel Krassnoff Martchenko, condenado a más de mil años de prisión en más de 80 causas por crímenes de lesa humanidad, puso en circulación una carta al senador democristiano Iván Flores, quien en un discurso ante el Congreso dijo “no estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”.

El macro criminal señaló en su misiva: “Sepa usted que, al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad”, escribió, y añadió que aspira a que solo se apliquen las leyes vigentes.

Aunque la ultraderecha gobernante dice que “hay que mirar hacia el futuro”, el presidente socialista y la adhesión a su proyecto se resisten a habitar el olvido

Kast también ha eludido referirse a eventuales indultos a los policías y militares condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la revuelta popular de 2019, cuando en la represión a las movilizaciones aplicaron torturas, abusos sexuales y mutilaciones a personas, principalmente los más de 400 casos de personas que perdieron ojos.

Más de 20 mil personas marcharon el pasado domingo 6 de septiembre por las calles del centro de la capital chilena, para recordar el golpe militar, en homenaje a las víctimas de la represión y, sobre todo, bajo la consigna de rechazo a cualquier indulto, a los represores del pasado y los más recientes.

Si la conmemoración del golpe de Estado y el rechazo a los 17 años de dictadura genera fuertes tensiones entre los chilenos, la reivindicación del pinochetismo por parte del presidente argentino Javier Milei durante el Foro Madrid que se realizó el pasado 3 de septiembre en Santiago, solo atizó el conflicto. El nacional libertario arremetió contra “el comunista Allende” y llamó a los militantes de la izquierda chilena como “zurdos mugrosos”. Con notorias imprecisiones históricas, Milei apuntó que “Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural.

Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”. Pese al repudio de un amplio arco político a las palabras de Milei, Kast y el gobierno optaron por no comentar los improperios del gobernante argentino.

Y eso es porque Allende fue un presidente socialista que llegó a La Moneda impulsado por un proceso democrático y de movilizaciones populares, que fue ganando apoyo durante el breve periodo de gestión gubernamental. La Unidad Popular -la coalición de izquierdas de Allende- ganó la elección de 1970 con más del 36 por ciento de los votos, consiguió su ratificación en el Congreso ese mismo año, y en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 -seis meses antes del golpe- obtuvo 44,6 por ciento de los sufragios. Las votaciones de Allende y la Unidad Popular, no fueron las causas del golpe de Estado.

El derrocamiento de Allende comenzó a ser planeado antes siquiera de ganar las elecciones. La conspiración inició con una alianza entre grandes empresarios chilenos -como Agustín Edwars, dueño del diario El Mercurio- y el gobierno de Estados Unidos, quienes financiaron operaciones desestabilizadoras, como el asesinato del jefe del Ejército, general René Schneider, y luego acciones violentas a lo largo de los tres años del gobierno popular.

En 1972, la derecha financió un paro de camioneros que frenó la economía del país y luego, en junio de 1973, hizo el ensayo general del golpe, en lo que se conoció como el “tanquetazo”, una maniobra militar que ocupó con tanques el centro de Santiago y puso en evidencia la estrategia de defensa popular del gobierno de Allende.

Con Pinochet colgándose a la asonada a última hora, dos meses después, el 11 de septiembre de 1973, se desató la furia contrarrevolucionria. Decenas de focos de resistencia en Santiago y regiones, no pudieron contener la violencia militar y abrió paso a la mayor derrota popular. El proceso de transformaciones liderado por Allende fue interrumpido y la izquierda puso miles de muertos y desaparecidos.

El miércoles una diputada de derechas preguntaba ante las cámaras de televisión “¿es necesario conmemorar esta fecha que divide a los chilenos después de 53 años?”. Actos en la tumba de Allende, homenajes en su monumento en la plaza frente a La Moneda y miles de manifestaciones en todo el país recuerdan este viernes a la población que las memorias persisten en permanecer vivas y aunque la ultraderecha gobernante dice que “hay que mirar hacia el futuro”, el presidente socialista y la adhesión a su proyecto se resisten a habitar el olvido.