Alarma en Santiago del Estero: cinco jóvenes murieron en accidentes y las motos quedaron en el centro de la preocupación
Una seguidilla de siniestros viales golpeó a Santiago del Estero durante los primeros días de noviembre y dejó un saldo trágico: cinco jóvenes perdieron la vida en distintos puntos de la provincia. Los hechos registrados en La Banda, Icaño y otros sectores volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad vial y expusieron una problemática que requiere respuestas urgentes.
Uno de los episodios más graves ocurrió durante la noche del viernes 6 de noviembre sobre la Costanera de La Banda, a la altura del barrio Parque Industrial. Allí, dos motocicletas protagonizaron un choque frontal y, tras el impacto, ambos rodados se incendiaron.
Como consecuencia de la violencia de la colisión, murieron Jonatan Matías Mánquez, de 33 años, e Iván Agustín Sayago, de apenas 17. Un tercer involucrado, José Sayago, de 20 años, sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado al Centro Integral de Salud Banda.
La tragedia también alcanzó a la comunidad de Icaño, que quedó conmocionada por la muerte de Kiara Seifer, de 18 años. La joven circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 34 cuando colisionó con un camión.
A estos episodios se sumaron otros dos hechos durante la mañana del domingo 8 de noviembre. En uno de ellos se confirmó la muerte de un joven de 26 años, mientras que en otro fue hallado sin vida sobre la calzada un muchacho de 18 años. Ambos casos quedaron bajo investigación.
Podemos reforzar ese apartado explicando que el acceso a las motocicletas se ha facilitado por sus precios relativamente accesibles y las numerosas opciones de financiación, incluso en cuotas. Esto contribuye a que sean una alternativa de movilidad muy extendida, aunque la facilidad para comprar una no siempre está acompañada por la formación y los controles necesarios para circular.
Las motos, protagonistas de una problemática que atraviesa a toda la provincia
En Santiago del Estero, las motocicletas constituyen uno de los principales medios de movilidad de miles de familias. Su costo relativamente bajo en comparación con otros vehículos, los planes de financiación y la posibilidad de acceder a una unidad mediante créditos o pagos en cuotas facilitaron su incorporación a los hogares. Para muchos santiagueños, representan una solución cotidiana para ir al trabajo, llevar a los chicos a la escuela o realizar distintas actividades.
Sin embargo, el crecimiento de su presencia en las calles y rutas también plantea un desafío en materia de seguridad vial. La facilidad para adquirir una motocicleta no siempre está acompañada por la capacitación, la documentación y las condiciones necesarias para conducirla de manera responsable.
Entre las situaciones que generan preocupación se encuentran la circulación sin documentación obligatoria, la falta de casco, la conducción por parte de menores de edad sin los requisitos correspondientes y el manejo bajo los efectos del alcohol. A esto se suman las denominadas “picadas” clandestinas, que se realizan en distintos sectores de la ciudad Capital, La Banda y localidades del interior provincial, con el peligro que representan tanto para quienes participan como para terceros.
La falta de educación vial y de conciencia sobre las consecuencias de las conductas imprudentes agrava el escenario. Tener acceso a una moto no significa estar preparado para conducirla: respetar las normas, contar con la licencia correspondiente, utilizar los elementos de seguridad y mantener la documentación en regla son condiciones indispensables para prevenir tragedias.
Una responsabilidad compartida: ciudadanos, familias y autoridades
La seguidilla de tragedias obliga a mirar el problema más allá de cada accidente. La seguridad vial no depende únicamente de quien conduce, sino de una cadena de responsabilidades que involucra a toda la sociedad.
En primer lugar, está la responsabilidad individual. Conducir una motocicleta sin casco, sin licencia, bajo los efectos del alcohol, excediendo los límites de velocidad o participando de picadas clandestinas implica poner en riesgo la propia vida y la de los demás. Ninguna urgencia ni necesidad de traslado justifica estas conductas.
También existe una responsabilidad familiar. Los padres y adultos deben involucrarse, especialmente cuando se trata de adolescentes que utilizan motocicletas. Permitir que un menor conduzca sin estar habilitado, sin capacitación y sin los elementos de seguridad necesarios puede tener consecuencias irreparables. La educación vial comienza en casa y el ejemplo de los adultos es fundamental.
Pero el compromiso no puede terminar allí. Las autoridades municipales, provinciales y los organismos de seguridad tienen un papel central. Se necesitan controles permanentes, operativos efectivos en calles y rutas, sanciones para quienes incumplen las normas y acciones concretas para desarticular las picadas clandestinas.
También resulta necesario reforzar los controles sobre la comercialización de motocicletas, verificar que las operaciones cumplan con los requisitos legales y garantizar que quienes adquieren estos vehículos reciban información sobre la documentación, la habilitación y las condiciones obligatorias para circular. La facilidad para acceder a una moto, incluso mediante financiación, debe ir acompañada de mecanismos que promuevan una adquisición y utilización responsables.
No se trata de impedir que las familias accedan a un medio de transporte que resulta fundamental para su vida cotidiana, sino de evitar que esa facilidad termine convirtiéndose en un factor de riesgo.
Santiago del Estero necesita una política de seguridad vial sostenida, con educación, prevención, controles y responsabilidad compartida. Porque detrás de cada cifra hay una familia que pierde a un hijo, un hermano, un padre o una madre.
Las tragedias viales no son inevitables. Prevenirlas requiere que cada ciudadano asuma su responsabilidad, que las familias acompañen y que las autoridades cumplan con su deber de controlar. La vida no puede quedar librada a la suerte.
