Argentina acudió al Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas: cuáles son sus argumentos
Este martes comenzaron las audiencias en Hamburgo, Alemania, donde el país busca que se suspenda la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en las Islas Malvinas. La presentación se apoya en resoluciones de la ONU y en normas internacionales de protección ambiental. El Tribunal deberá resolver si corresponde dictar medidas provisionales mientras se define el mecanismo de arbitraje.
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas llegó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con el inicio de las audiencias públicas en Hamburgo, Alemania. El Gobierno argentino busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, destinado a extraer petróleo en aguas del Atlántico Sur.
La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). A través de ella, el país solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
El pedido incluye cuatro puntos centrales: que Londres impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas con Sea Lion; que no otorgue nuevas autorizaciones en el área; que preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino.
La delegación argentina en Alemania está encabezada por la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal. También participan representantes de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro. El especialista en derecho internacional Marcelo Kohen tiene un papel central como asesor jurídico y expositor de los argumentos del país.
Los argumentos de Argentina contra la explotación petrolera
La posición argentina se apoya principalmente en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera es la Resolución 2065, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países. La segunda es la Resolución 31/49, de 1976, que instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe abierta la controversia.
A partir de esos antecedentes, Buenos Aires sostiene que la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía está en disputa constituye una acción incompatible con las obligaciones internacionales.
Otro de los argumentos centrales es que el petróleo es un recurso no renovable. Según la presentación argentina, una vez extraído no puede recuperarse mediante una sentencia posterior, por lo que permitir el avance de las operaciones podría generar un perjuicio irreversible.
Además, el país invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones para proteger y preservar el medio marino.
La Argentina aclaró que no pretende que el Tribunal del Mar resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que intervenga para evitar que se modifique la situación mientras se tramita la controversia por los mecanismos correspondientes.
La postura del Reino Unido
El Gobierno británico rechaza el planteo argentino y sostiene que la presentación ante el Tribunal no modifica la situación jurídica ni la autoridad de las instituciones que administran las islas.
La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había señalado ante la Cámara de los Comunes que el reclamo argentino no constituye un fallo judicial, no invalida las licencias petroleras otorgadas ni obliga a suspender el desarrollo de hidrocarburos.
Londres también sostiene su posición a partir del referéndum realizado en las islas en 2013, cuando el 99,8 % de los votantes respaldó continuar como territorio británico.
En paralelo, el Gobierno del Reino Unido anunció que avanzaría con una legislación para proteger a las empresas que pudieran verse afectadas por medidas argentinas de alcance extraterritorial. La iniciativa se apoya en una ley británica de 1980, aunque el texto definitivo todavía no fue presentado públicamente.
Uno de los puntos centrales de la discusión será determinar si el Tribunal del Mar tiene competencia para intervenir en el conflicto. Especialistas en derecho internacional advierten que la cuestión de la soberanía sobre las islas está directamente vinculada con la titularidad de los recursos existentes en el lecho marino.
Cómo sigue el proceso y cuándo podría conocerse una decisión
Las audiencias de este martes 10 y miércoles 11 de noviembre tienen un alcance específico: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no resolverá la disputa de soberanía ni decidirá quién tiene derecho a explotar el petróleo. Su intervención se limita a analizar si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral.
La particularidad del procedimiento es que Argentina y el Reino Unido eligieron distintos mecanismos para resolver controversias bajo la Convemar. Mientras Buenos Aires recurrió al Tribunal del Mar, Londres designó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Ante esa diferencia, el conflicto de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención.
Para conceder las medidas solicitadas, el TIDM deberá evaluar tres condiciones:
Jurisdicción: determinar si el tribunal arbitral que intervendrá posteriormente tendría, en principio, competencia sobre la controversia.
Urgencia: establecer si existe riesgo de que la situación requiera una intervención inmediata.
Verosimilitud del derecho: analizar si los derechos que Argentina busca proteger cuentan con fundamentos jurídicos y fácticos suficientes.
La decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque también existe la posibilidad de que el Tribunal extienda el plazo hasta el lunes siguiente.
El resultado será clave para determinar si el Reino Unido deberá adoptar restricciones temporales sobre las actividades petroleras mientras avanza el procedimiento internacional. La discusión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, sin embargo, continuará por otras vías.
