Presentan una reforma para frenar el reclutamiento de mercenarios y ejércitos privados
La norma busca preservar el monopolio estatal de la fuerza frente a la proliferación de la privatización de los conflictos bélicos.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de reforma al Código Penal destinado a tipificar el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas ilícitas, en respuesta a las nuevas formas de violencia y a la privatización de la guerra que caracterizan a los conflictos bélicos actuales.
La iniciativa del legislador del Frente Renovador define como mercenario a quien, a cambio de una remuneración, presta servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional, y penaliza tanto la conducta individual como la constitución, financiamiento, organización e integración de estas estructuras.
Según los fundamentos del proyecto presentado por el diputado del massismo, la norma busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
La propuesta prevé un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, utilicen a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
De forma complementaria, el texto excluye explícitamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales, a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las empresas de seguridad privada que operan conforme a la ley y al personal humanitario y sanitario.
Por otra parte, la iniciativa incorpora una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos, al reconocer las modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. En tal sentido, busca anticipar la tutela penal frente a estructuras que se despliegan con logística, inteligencia y financiamiento privados.
Según argumentó Gutiérrez, la legislación argentina vigente no dispone de herramientas específicas para enfrentar estas amenazas, por lo que la reforma resulta imprescindible para fortalecer la capacidad preventiva del Estado. En este contexto, el autor del proyecto afirmó: “Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”.
