Pichetto y Massot fueron a la Justicia para frenar la venta de tierras a extranjeros
Los diputados presentaron una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Buscan suspender sus efectos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para solicitar que se suspendan los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto las restricciones que regían para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La presentación judicial se realizó pocos días después del fallo de la Corte Suprema que, el 29 de septiembre, revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó una demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación.
El máximo tribunal aclaró posteriormente que en ese caso no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre las facultades que corresponden al Congreso para legislar sobre la materia.
Qué buscan suspender
Según plantearon Pichetto y Massot, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos. De esta manera, actualmente no se aplican los límites que establecía esa normativa para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre las restricciones que quedaron sin efecto se encuentran los límites por porcentaje a nivel nacional, provincial y departamental, así como determinadas condiciones vinculadas con la nacionalidad y la superficie de los terrenos.
También dejó de regir la prohibición para adquirir determinados inmuebles que contienen o son ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Los legisladores sostienen que la situación genera un escenario de urgencia porque las operaciones que puedan concretarse durante la vigencia del DNU podrían consolidarse posteriormente como derechos adquiridos.
“La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos”, explicaron los diputados.
El planteo contra el DNU
Pichetto y Massot argumentaron además que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia no habría cumplido con las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución Nacional.
Entre sus fundamentos señalaron que el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar cuando se dictó el DNU y remarcaron que el Poder Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo seis días después de su dictado.
También destacaron que el Senado rechazó el DNU en marzo de 2024.
Para los legisladores, la regulación sobre la tierra rural y los cuerpos de agua debe ser definida por el Congreso debido a su carácter de recursos estratégicos, escasos y no renovables.
Pidieron una medida urgente
Además de la cautelar, los diputados solicitaron una medida interina que tenga aplicación inmediata mientras se desarrolla el trámite judicial previo a la resolución del planteo principal.
De manera subsidiaria, pidieron preservar el funcionamiento y la información del Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener los datos sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad de la existencia del proceso judicial.
El planteo abre ahora una nueva instancia judicial sobre el alcance del artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
