Nueva Ley de Biocombustibles: el debate en el Senado expone la puja entre grandes cerealeras y pymes regionales
Pymes regionales y agroexportadoras presentaron posiciones opuestas ante las comisiones de la Cámara alta.
El Senado de la Nación abrió la semana pasada el debate por una nueva Ley de Biocombustibles, un proyecto que volvió a poner en evidencia las diferencias entre dos sectores clave de la industria: las grandes agroexportadoras y cerealeras, por un lado, y las pymes regionales productoras de biocombustibles, por el otro.
La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ingresó formalmente a la Cámara alta el miércoles pasado tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y los distintos actores de la cadena productiva.
El proyecto propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, además de habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.
El primer expositor en la discusión fue el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien defendió la propuesta oficial y reconoció que la futura norma tendrá impactos diferentes según los sectores involucrados.
“Tiene ganadores, perdedores y afectados”, sostuvo el funcionario ante los senadores, al tiempo que consideró que resulta “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el texto presentado contiene los lineamientos que el Gobierno viene trabajando desde hace casi dos años.
Respecto del biodiesel, González señaló que su costo de producción es significativamente superior al del combustible fósil y descartó la posibilidad de avanzar hacia un aumento mucho mayor en los porcentajes de mezcla. Según explicó, una decisión de ese tipo generaría una suba estructural en el precio del gasoil, con impacto directo sobre el transporte, la actividad agropecuaria y los consumidores.
Sin embargo, ese argumento abrió uno de los principales puntos de controversia del debate. Las grandes cerealeras sostienen que cuentan con capacidad instalada para abastecer el mercado interno y aseguran que podrían comercializar biodiesel a valores hasta un 20% inferiores a los actuales, lo que permitiría reducir alrededor de un 2% el precio final del combustible.
Del otro lado, las pequeñas y medianas empresas del sector advierten que una mayor apertura del mercado podría favorecer la concentración de la producción en manos de grandes grupos económicos y comprometer la sustentabilidad de un entramado industrial regional que se consolidó durante casi dos décadas al amparo de un esquema regulado.
