El revés de la Corte Suprema por los fondos universitarios obliga al Gobierno a reasignar partidas
El fallo obligó a ajustar la estrategia en torno al presupuesto de las casas de estudio.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar una medida cautelar que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario provocó un fuerte cimbronazo dentro del Gobierno nacional.
El fallo judicial no solo modificó la postura inflexible que mantenía el Ejecutivo respecto a los fondos destinados a las casas de estudio, sino que también abrió una grieta interna entre los diferentes sectores de la gestión, obligándolos a rediseñar de manera urgente la estrategia financiera y política.
Desde su origen, todos los sectores que integran el oficialismo habían rechazado de manera tajante la normativa debido a su impacto presupuestario, estimado en 1,3 billones de pesos, motivo por el cual el texto fue vetado por el presidente Javier Milei antes de que el Congreso lograra su insistencia.
Sin embargo, la contundencia de la resolución judicial sepultó la intransigencia total que exhibían los altos mandos del Gobierno, quienes ahora admiten la inevitabilidad de acatar la ley y enviar los recursos correspondientes a las instituciones de educación superior.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los funcionarios que ya contempla este nuevo escenario. Desde el entorno de la Casa Rosada indicaron que el jefe de la cartera económica buscará los mecanismos necesarios para transferir las partidas que dicta la legislación vigente a través de una reasignación presupuestaria, aunque con la condición innegociable de mantener a salvo el superávit fiscal.
Esta situación expuso las fallas en la estrategia jurídica diseñada originalmente por el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, que hasta hace pocos días generaba optimismo en las filas libertarias bajo la falsa premisa de que el máximo tribunal otorgaría un margen de aire político.
