El Gobierno acelera una nueva Ley de Financiamiento Universitario en medio de tensiones políticas

El Gobierno nacional impulsa el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de ordenar el gasto y desactivar conflictos políticos en torno al sostenimiento del sistema educativo superior. La iniciativa, que se espera sea debatida en el Congreso en las próximas semanas, surge en un contexto de tensiones dentro del oficialismo y negociaciones abiertas con distintos actores del sector.

Según trascendió, el Ministerio de Capital Humano inició contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes gremiales desde febrero, en busca de acercar posiciones sobre el contenido del proyecto. Las gestiones apuntaban a que el texto pudiera discutirse en marzo, aunque finalmente no logró ingresar en la agenda prioritaria del Parlamento.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, encabezó las negociaciones para reunir consensos, y desde el oficialismo aseguran que existía un entendimiento inicial. Sin embargo, la estrategia política cambió y algunos sectores apostaron a una resolución favorable en el plano judicial, algo que finalmente no ocurrió y generó nuevas complicaciones.

En este escenario, legisladores del espacio oficialista adelantaron que buscarán acuerdos con sectores de la oposición dialoguista para avanzar con la aprobación del proyecto. La propuesta contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes durante 2025, aunque con aumentos más moderados que los establecidos en la ley vigente impulsada por la oposición.

Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual no puede cumplirse por falta de presupuesto. En ese marco, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de artículos clave de la ley vigente.

El nuevo proyecto oficial plantea recuperar parte del salario real perdido en 2025, pero mantiene el impacto del ajuste aplicado durante 2024. En sus fundamentos, el Gobierno señala la necesidad de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales” con las “posibilidades reales” del Estado.

Mientras continúan las negociaciones, el oficialismo busca encauzar el debate legislativo y evitar nuevos conflictos, en un tema sensible que involucra tanto la sostenibilidad fiscal como el funcionamiento del sistema universitario público.