Causa Zavalía: Una SW4 vuelve a cruzar a Petros y Castellanos en una trama de autos, cheques y millones

Cambian los expedientes, pero vuelven a aparecer los nombres. Y también se repiten los elementos: vehículos, cheques, operaciones millonarias y conflictos que terminan bajo la lupa judicial. Una Toyota SW4 vuelve a cruzar a José Benjamín Zavalia, a Petros y el abogado Rolando Castellanos en una operación que dejó documentos y números que merecen ser reconstruidos.

La secuencia es contundente.

El 10 de enero de 2025, Line Up S.A., concesionario oficial Toyota, facturó a nombre de José Benjamín Zavalia una Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI, modelo 2021, por $53.890.000.

Apenas 24 horas después, Zavalia aparece vendiendo esa misma camioneta mediante boleto de compraventa por $33.890.000.

El comprador: Agustín Petros, hijo de Ramiro Petros.

Veinte millones de pesos de diferencia nominal entre dos documentos separados por apenas un día. Esa diferencia no prueba por sí sola un delito, pero adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto en el que vuelven a aparecer los protagonistas.

Porque los nombres se repiten. Y también los vehículos y los cheques.

Ramiro Petros ya aparece vinculado a una resonante investigación santiagueña por presuntas estafas, con operaciones económicas y documentación relacionada con automotores entre los elementos investigados. En ese expediente también quedó públicamente enfrentado con Rolando Castellanos, quien había sido su abogado y apoderado.

Ahora el apellido Castellanos reaparece.

Pero esta vez representando a Agustín Petros, hijo de Ramiro, precisamente en el conflicto generado alrededor de la Toyota adquirida a Zavalia.

Castellanos reclamó explicaciones a la concesionaria por la transferencia y sostuvo que su representado no habría firmado un Formulario 08 ante Line Up.

Y en medio del reclamo vuelve a surgir otro elemento que parece repetirse alrededor de estas historias: un cheque.

La presentación cuestionó un recibo por $9.500.000, aparentemente relacionado con un cheque del Banco Galicia. Según el planteo realizado por Castellanos, Agustín Petros no habría efectuado ese pago ni firmado el comprobante.

Otra vez un vehículo. Otra vez millones. Otra vez documentación controvertida. Y otra vez un cheque cuya trazabilidad puede resultar determinante.

La historia de la SW4 terminó con otro movimiento llamativo: según una comunicación incorporada a la documentación, la camioneta que estaba en poder de Petros fue finalmente entregada y retirada por dependientes de la concesionaria.

La secuencia queda entonces perfectamente delimitada: Zavalia aparece adquiriendo la SW4 por $53,89 millones; al día siguiente la vende por $33,89 millones a Agustín Petros; aparecen dificultades con la transferencia; interviene Castellanos; se cuestiona un recibo por $9,5 millones relacionado con un cheque y finalmente el vehículo vuelve a la concesionaria.

Nada de esto permite sostener, sin una investigación judicial que lo determine, que las distintas causas constituyan una única organización o maniobra delictiva. Tampoco la actuación profesional de Castellanos permite atribuirle responsabilidad penal.

Pero existe un dato periodístico imposible de soslayar: los nombres vuelven a cruzarse y los elementos de las controversias también se parecen.