Causa Fürth Automotores: para la fiscalía hubo una asociación ilícita liderada por Gerardo Caro
El fiscal Diego Cortés que investiga la millonaria defraudación, agravó la imputación de los tres detenidos y consideró que Gerardo Caro encabezaba una organización para delinquir de la que también formaba parte Matías Llado y Graciela Moyano.La investigación por el presunto desfalco a Fürth Automotores sumó ayer una nueva imputación para los tres detenidos: Ángel Gerardo Caro, de 33 años, como supuesto jefe de una asociación ilícita; y Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano, como presuntos miembros de esa organización. Con estos nuevos cargos, el fiscal Diego Cortes solicitará este jueves la prisión preventiva de los tres imputados. La audiencia comenzará a las 8.30 y será presidida por la jueza Carolina Salas. Los nuevos cargos fueron notificados durante la jornada de ayer, en la que hasta después de las 14 se tomaron las ampliaciones de indagatoria. Caro fue asistido por su abogado, Guillermo Ruiz Alvelda; Llado, por Miguel Torres; y Moyano, por Javier Leiva y Lucas Díaz.
El rol atribuido a Moyano
De acuerdo con la nueva imputación, la Fiscalía sostiene que Moyano, quien se desempeñaba como cajera de Fürth Automotores, habría integrado al menos desde diciembre de 2024 una asociación ilícita que, en principio, habría estado conformada por Caro y Llado. Según el Ministerio Público, el grupo habría tenido como finalidad cometer reiteradamente delitos contra la propiedad mediante maniobras defraudatorias vinculadas con la venta de vehículos y con la recepción, falta de registración, desvío, reasignación y disposición irregular de fondos pertenecientes a clientes y/o a la empresa.
La acusación sostiene que la organización habría utilizado la estructura comercial de la concesionaria, sus sectores de ventas y cajas, los sistemas de registración, los mecanismos de recepción de pagos y la documentación comercial para generar una apariencia de normalidad sobre operaciones que, según la Fiscalía, no habrían sido registradas o imputadas de acuerdo con su verdadero origen.
En ese esquema, a Moyano se le atribuye haber cumplido una función desde el sector de cajas, donde habría recibido dinero en efectivo, dólares y cheques, intervenido en su conteo y custodia y, en determinados casos, omitido la emisión de comprobantes oficiales o la correcta registración de los fondos.
La Fiscalía también sostiene que habría permitido que terceros dispusieran posteriormente de esos valores, particularmente en coordinación con Llado. Para los investigadores, su condición de cajera le habría otorgado acceso directo a los fondos entregados por los clientes y conocimiento de las operaciones realizadas mediante el sector de cajas.
Como parte de la evidencia incorporada, la Fiscalía señaló que Llado habría sido quien captaba determinados clientes, concertaba operaciones y recibía o disponía de fondos, mientras Moyano, desde la caja, habría recibido materialmente el dinero y permitido su posterior disposición.
Asimismo, se menciona una supuesta vinculación funcional con Caro, quien se desempeñaba como apoderado y gerente general de la empresa y a quien la Fiscalía atribuye haber intervenido en la autorización de operaciones, imputación de pagos, entrega de vehículos y utilización de mecanismos excepcionales dentro de la concesionaria.
Caro negó ser jefe de una organización
Antes de declarar, Caro habría consultado cuáles eran los nuevos delitos que se le atribuían, además de la imputación original por estafa. La Fiscalía le informó que se trataba del delito de asociación ilícita.
El exgerente negó entonces haber formado parte de cualquier organización delictiva o irregular, tanto con Llado y Moyano como con cualquier otra persona. También rechazó ser el jefe de una organización destinada a delinquir y negó haber intervenido en los hechos de la manera descripta por la Fiscalía.
Respecto de las declaraciones testimoniales de empleados de la concesionaria, Caro sostuvo que esas personas “seguramente fueron influenciadas por los actuales directivos de la empresa” para declarar en su contra, dado que continúan trabajando para la firma damnificada.
Finalmente, cuestionó el valor de las evidencias incorporadas para sustentar la nueva acusación y sostuvo que, a su criterio, no serían suficientes para acreditar los hechos que ahora se le atribuyen.
Dólares, imputación de pagos y casas de cambio
En el caso de Caro, la Fiscalía le atribuye un rol central dentro del supuesto esquema, basado en su condición de apoderado y gerente general. Según la acusación, desde esa posición habría podido intervenir en operaciones comerciales, autorizar la imputación de pagos, determinar el destino de fondos y autorizar determinadas entregas de vehículos.
En particular, se investiga su presunta intervención en ventas de unidades 0 km en las que los clientes habrían realizado pagos mediante efectivo, transferencias, cheques o dólares, que luego no habrían sido imputados a las preventas correspondientes.
La Fiscalía citó como ejemplo la declaración de un empleado de la firma, Alejandro Trucco, quien habría manifestado haber entregado personalmente U$S 18.000. Según la acusación, al solicitar información sobre esa operación, surgió que los pagos de Trucco habían sido asignados a otras preventas.
Para los investigadores, ese mecanismo habría permitido utilizar pagos realizados por determinados clientes para cancelar, completar o aparentar la cancelación de otras operaciones, generando al mismo tiempo una deuda con el verdadero titular del dinero.
La acusación sostiene que estas maniobras no habrían sido hechos aislados y que se habrían realizado coordinadamente con Llado, quien se desempeñaba como vendedor y/o jefe de ventas y habría tenido a su cargo la captación de clientes y recepción de determinados pagos.
También se incorporaron testimonios de Bustamante, Soria, Rodríguez, Agüero, Montenegro y Hoyos, entre otros, respecto de operaciones realizadas en dólares. Según esos testimonios, dichas operaciones habrían sido autorizadas por Caro, quien fijaba la cotización, mientras que los dólares eran enviados a casas de cambio por personal dispuesto por Llado.
144 entregas de vehículos bajo investigación
La causa investiga, según la Fiscalía, 144 entregas irregulares de vehículos 0 km, con especial atención sobre pagos que presuntamente no fueron ingresados al sistema y las denominadas “licencias” que se atribuyen a Caro y Llado.
Además, dos jueces habrían autorizado el levantamiento del secreto bancario, medida que permitió incorporar información sobre las cuentas y movimientos financieros de los tres detenidos.
Entre esos movimientos, trascendió que el 29 de mayo Llado habría transferido $2 millones desde una de sus cuentas hacia una de las cuatro cuentas bancarias con las que operaba la concesionaria.
Los testimonios incorporados también habrían señalado que era habitual que Caro ordenara la entrega de patentes rojas a clientes que ya habían asumido la titularidad de los vehículos pero mantenían deudas, debido a que determinados depósitos no habrían sido ingresados al sistema.
En cuanto a Moyano, también se la habría señalado por la recepción de pagos de hasta $60 millones y por la entrega de un recibo que la Fiscalía considera irregular.
Los abogados de Moyano, Javier Leiva y Lucas Díaz, solicitaron medidas de investigación destinadas a reconstruir la estructura empresarial de Fürth Automotores.
En particular, pidieron la recepción de testimonios de propietarios, socios, integrantes de órganos societarios, directivos y responsables jerárquicos que todavía no hayan declarado y cuya situación procesal permita convocarlos como testigos.
También reclamaron que se reconstruya, mediante prueba objetiva, la verdadera estructura societaria, jerárquica, administrativa, contable, financiera y decisoria de la firma.
La defensa pidió además que se vuelvan a analizar las atribuciones funcionales y jerárquicas de Caro y Llado mediante documentación y otros elementos objetivos, respetando su condición de imputados.
Asimismo, solicitaron que sea convocada nuevamente Lorena Denise Figueroa Capilla, previa determinación de su situación procesal, con el objetivo de profundizar sobre su posición jerárquica dentro de la empresa.
Un punto destacado por los defensores es que Moyano no había sido señalada inicialmente como integrante de una asociación ilícita, por lo que las nuevas imputaciones constituyen una ampliación sustancial del reproche formulado en su contra.
Este jueves, la jueza Carolina Salas deberá analizar los planteos de las partes y la solicitud de prisión preventiva formulada por la Fiscalía para los tres acusados. reescribe esta nota
