Catamarca le suspendió el aporte estatal al Colegio Pía Didoménico por fallas en el abordaje del bullying
El Gobierno provincial dispuso retirar durante seis meses el 100% del financiamiento estatal destinado al nivel secundario del establecimiento. Se trata del colegio que quedó involucrado en el caso de «bullying extremo» contra Lucrecia, una estudiante que habría sufrido agresiones físicas por parte de compañeras. La situación tomó estado público tras la difusión de un video grabado por una alumna, en el que relataba los episodios de hostigamiento.
El Gobierno de Catamarca resolvió suspender por seis meses la totalidad del aporte estatal que recibe el nivel secundario del Colegio Privado Pía Didoménico, luego de una investigación administrativa que detectó graves deficiencias institucionales en el abordaje de situaciones de violencia y hostigamiento entre estudiantes.
La sanción, establecida mediante la Disposición N.º 1027/2026 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, comenzó a regir el 2 de noviembre.
La decisión vuelve a poner bajo la lupa a la institución por su vinculación con el caso de Lucrecia, una estudiante que habría sido víctima de episodios de bullying extremo por parte de otras alumnas. El hecho generó una fuerte conmoción y trascendió públicamente luego de que se difundiera un video grabado por una compañera, quien contó las situaciones de maltrato que la adolescente habría sufrido y las agresiones físicas, entre ellas patadas.
Qué irregularidades detectó la investigación
La sanción fue consecuencia de un sumario administrativo en el que se analizaron documentos, descargos presentados por las autoridades del colegio e informes de las distintas áreas educativas que intervinieron.
Según las conclusiones de la Comisión Instructora Sumarial, las autoridades del establecimiento conocían las situaciones investigadas desde, al menos, los primeros días de junio de 2026.
Sin embargo, no se encontraron constancias que acreditaran que el colegio hubiera comunicado oportunamente los hechos a las autoridades educativas, solicitado la intervención de la Dirección Provincial de Mediación Escolar o articulado acciones con los organismos competentes en materia de protección de derechos.
También se detectaron falencias en la aplicación integral de los protocolos vigentes y en la implementación de un abordaje interdisciplinario sostenido, con registros de seguimiento y evaluación.
Otro de los aspectos observados fue la falta de documentación y autorización adecuada en las decisiones relacionadas con la escolarización no presencial de estudiantes.
Un plan de mejoras obligatorio
Además de la suspensión del 100% del aporte estatal durante seis meses, la entidad propietaria del colegio deberá presentar un Plan de Mejora de la Gestión Escolar dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la disposición.
El documento tendrá que establecer acciones concretas para corregir las deficiencias detectadas, identificar responsables, fijar plazos, establecer metas y definir mecanismos para evaluar su cumplimiento.
La medida representa una fuerte sanción administrativa para el establecimiento y vuelve a instalar el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas frente al bullying, la violencia entre pares y la obligación de intervenir para proteger a los estudiantes.
