Ley de tierras: el gobierno le pone paños fríos al fallo de la Corte y ya trabaja en el blindaje del DNU 70/2023
Tras la resolución de la Corte Suprema que desestimó el amparo del CECIM, el Poder Ejecutivo celebró el rebalanceo judicial pero mantiene la cautela. La mesa política de Casa Rosada busca ordenar la estrategia parlamentaria ante la embestida opositora para rechazar el megadecreto.
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras (26.737), el Gobierno nacional busca administrar con prudencia el impacto político del pronunciamiento. Si bien la decisión vuelve a dejar operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, desde Balcarce 50 aclaran que la sentencia se sostuvo en la falta de legitimación del demandante (el Centro de Ex Combatientes de Malvinas – CECIM) y no en un aval explícito a la constitucionalidad del decreto.
Ante el anuncio de la oposición de convocar a sesiones especiales para derogar el DNU, la mesa política trabaja en un plan de blindaje legislativo que incluye reflotar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Puntos clave de la estrategia gubernamental
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Naturaleza del fallo judicial: El máximo tribunal aclaró que la decisión no implica abrir juicio de valor sobre la validez constitucional del artículo 154, sino remarcar los límites a las acciones colectivas sin “caso o controversia” concreto.
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Blindaje en el Congreso: Para evitar sorpresas ante la presión opositora en el Parlamento, el oficialismo evalúa retomar proyectos complementarios que otorguen seguridad jurídica a los inversores extranjeros sin depender únicamente del decreto.
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Reunión de la mesa política: Con Javier Milei en París en el marco del Argentina Week, la cúpula del Gabinete coordina los acuerdos con bloques aliados para sostener la vigencia de los capítulos clave del DNU.
Repercusión en la escena institucional
El fallo reabrió el debate sobre la venta de suelo rural a capitales extranjeros, marcando un hito jurídico sobre las condiciones procesales para impugnar decretos de necesidad y urgencia por la vía colectiva.
