COFESA: las provincias pidieron avanzar en un Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos
La salud mental fue uno de los ejes centrales de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde las autoridades sanitarias de las provincias analizaron el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y plantearon la necesidad de fortalecer una estrategia federal para los próximos años.
Durante el encuentro, la cartera sanitaria nacional informó que se acordó trabajar en un Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031, con criterios comunes de abordaje y contemplando las particularidades de cada jurisdicción.
Santiago del Estero planteó la necesidad de un plan federal
En representación de Santiago del Estero participaron la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, y el director del Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental, Lic. Néstor Medina.
La delegación santiagueña planteó la importancia de avanzar en una planificación nacional que contemple objetivos comunes, financiamiento y recursos humanos para fortalecer la atención de la salud mental y los consumos problemáticos.
El planteo se produjo en el marco del intercambio entre Nación y las jurisdicciones sobre las modificaciones propuestas a la Ley 26.657, normativa sancionada en 2010 que establece el marco de protección del derecho a la salud mental. (Argentina)
Los principales planteos de las provincias
Uno de los ejes analizados fue el abordaje interdisciplinario. Las jurisdicciones señalaron las dificultades que existen por la distribución desigual de profesionales, particularmente de médicos psiquiatras, y remarcaron la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios sin incorporar requisitos que puedan convertirse en nuevas barreras para acceder a la atención.
Otro de los puntos estuvo relacionado con la articulación entre salud y Justicia. En este sentido, se planteó la necesidad de establecer límites claros entre ambas áreas: mientras la Justicia debe garantizar derechos y ejercer los controles correspondientes, la evaluación clínica debe permanecer en manos de los equipos de salud.
También se destacó el papel de las familias y las redes comunitarias en los procesos de atención y acompañamiento. Las provincias señalaron que esas responsabilidades deben estar respaldadas por políticas públicas, recursos y dispositivos de atención accesibles.
Internaciones: un punto central del debate
El modelo de atención y las internaciones también ocuparon un lugar importante en el intercambio.
Las jurisdicciones plantearon que la respuesta en salud mental no debería concentrarse exclusivamente en la internación o en establecimientos monovalentes, sino que requiere fortalecer los hospitales generales, la atención ambulatoria y los dispositivos comunitarios.
Asimismo, se formularon observaciones sobre la modificación del criterio para las internaciones involuntarias, particularmente respecto del reemplazo de la noción de “riesgo cierto e inminente” por la de “riesgo grave de daño”.
En este punto, las provincias remarcaron la importancia de preservar las garantías, la evaluación interdisciplinaria y el carácter excepcional de este tipo de internaciones.
El proyecto de reforma impulsado por el Gobierno nacional busca modificar la Ley 26.657 y fue presentado ante el Senado durante 2026. Según la explicación oficial, la iniciativa pretende mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante determinadas situaciones y facilitar una implementación más homogénea en las distintas jurisdicciones.
Nación convocará al Consejo Federal de Salud Mental
Al cierre del encuentro, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anticipó que se convocará nuevamente al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) para avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031.
Además, según lo informado, Lugones manifestó su compromiso de trasladar al Senado los aportes realizados por las provincias durante la reunión.
De esta manera, el debate sobre la reforma de la Ley 26.657 quedó acompañado por una propuesta de planificación federal que busca establecer objetivos comunes y, al mismo tiempo, contemplar las diferentes realidades y capacidades de los sistemas de salud de cada provincia.
