Entidades del campo manifestaron su fuerte apoyo al proyecto para castigar el vandalismo rural

Representantes de entidades del campo manifestaron su fuerte apoyo al proyecto que busca castigar los hechos de vandalismo rural, durante una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el pampeano Martín Ardohain (Pro).

Precisamente, Ardohain, quien calificó de “excelente” el encuentro, es el impulsor de la iniciativa que también tiene giro a la Comisión de Legislación Penal, donde fue presentada días atrás. El próximo paso sería un plenario de ambas comisiones para avanzar hacia un dictamen. En la reunión de este martes, todos los bloques se manifestaron a favor del tema.

Al momento de las exposiciones, habló en primer lugar Claudio Angeleri, vicepresidente de la Federación Agraria, que avaló el proyecto y consideró que “nos traería tranquilidad, previsibilidad”. “Detrás de una tanquera de un campo, de un alambrado, hay no solo producción, sino familias que viven ahí y estarían seriamente amendentradas”, señaló.

En tanto, Eloísa Frederking, de la Sociedad Rural Argentina, apuntó que “esta es una problemática que afecta cotidianamente al campo argentino y requiere una respuesta legislativa clara, equilibrada y eficaz”. “La libertad de producir requiere seguridad, la inversión requiere previsibilidad y el trabajo necesita que las personas, los bienes y la infraestructura estén protegidos”, sumó.

En su intervención, afirmó que los productores y sus familias se encuentran en “una profunda vulnerabilidad” en aquellos establecimientos aislados, donde “en muchos casos el destacamento policial se encuentra a varios kilómetros y la comunicación no siempre es sencilla”.

Frederking resaltó la importancia de establecer que “ingresar ilegítimamente, destruir, dañar o impedir el normal desarrollo de una actividad rural no es una conducta tolerada ni indiferente para el Estado”. Y sumó que “para que esta protección sea real, la norma deberá estar acompañada por una actuación eficaz y coordinada de las fuerzas de seguridad, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia”, a la vez de “una adecuada presencia territorial y mecanismos ágiles para recibir denunciar”, así como la coordinación entre las autoridades.