Deniegan excarcelación al ingeniero Costa Mayuli y hacen lugar a planteo de la defensa de su esposa e hijos
Un juez de Garantías se expidió sobre una compleja discusión técnica, donde dejó en claro que la causa contra el profesional es diferente a la de sus familiares.
El juez Sergio Guillet rechazó un pedido de excarcelación para el ingeniero Walter Costa Mayuli, acusado de abusos sexuales contra familiares, pero hizo lugar a un planteo de la defensa de su esposa Magdalena Macías Numa y sus hijos Sebastián y Cristian.
El juez de Control y Garantías se expidió sobre recursos de revocatoria con apelación en subsidio presentados en contra del decreto del 24 de febrero, que dispuso la suspensión del proceso hasta tanto recaiga sentencia en el recurso de casación interpuestos por la querella y el Ministerio Publico Fiscal.
La defensa del docente universitario había planteado que suspender los plazos y atar la consecución de la causa a lo que resolviera el Superior Tribunal excedía los plazos razonables, por lo que requirió su excarcelación.
Por su parte, la querella en audiencia refirió a la “imposibilidad de ofrecer prueba de manera adecuada si el encuadre jurídico de los delitos no está firme debido a los recursos de casación pendientes”. Solicitó que se rechazara la pretensión de la defensa de Costa Mayuli y se mantuviera la suspensión de los plazos hasta que el Superior Tribunal se expidiera sobre la casación.
La defensa de Macias, Sebastián y Cristian Costa esgrimió que sus clientes no fueron alcanzados por la resolución de la Cámara de Apelaciones que motivó la suspensión (referida a prescripciones y delitos de abuso sexual), porque están imputados por otros delitos y en concurso real. Cabe recordar que fueron detenidos casi un año después que el jefe de familia, cuando la fiscalía afirmó haber encontrado material de abuso sexual infantil en una computadora secuestrada en su casa.
“Los delitos imputados son completamente distintos e independientes de los del señor Walter Costa Mayuli. Los plazos procesales son una garantía del imputado y suspenderlos implica anularles el derecho a defenderse de la requisitoria fiscal. Esto viola sus derechos y este retardo causa perjuicio. Es un gravamen innecesario esperar la resolución de una casación que no los involucra”, sostuvieron los abogados Gabriel Coronel Chalfón y Carla León.
En síntesis, solicitaron que se revocara el decreto de suspensión de plazos para sus defendidos y se habilitara la presentación de la oposición a la requisitoria de elevación a juicio.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que “el pedido de suspensión buscó evitar futuras nulidades en la audiencia de elevación a juicio, dado que el fallo de la Cámara varió sustancialmente la plataforma fáctica de los hechos acusados al dictar prescripciones parciales”.
La fiscalía también negó que el proceso esté paralizado, “ya que se encuentra en etapa recursiva (casación admitida y en trámite)”, mientras que se opuso a la liberación de Costa Mayuli al recordar que ya existe una resolución reciente de la jueza Casagrande, quien prorrogó la prisión preventiva por tres meses tras evaluar riesgos procesales”.
Con esos fundamentos pidió el rechazo de los planteos de las defensas de continuar con los plazos y que se rechazara el pedido de liberación del imputado Walter Costa Mayuli.
El juez Guillet, tras analizar los planteos, consideró que la situación de los imputados era diferente y pese a ello se veían afectados todos por la suspensión de los plazos procesales mientras se aguarda que el Superior Tribunal se expida. “El recurso de casación, solo involucra a uno de los acusados, mientras que para los tres restantes, la resolución del Superior Tribunal, no los afectara. Esta distinción explica los planteos formulados, y toda demora en el proceso afecta el derecho a obtener una rápida decisión e incluso de la misma víctima como lo mencionan los tratados internacionales vigentes con jerarquía constitucional”, explicó.
Por eso hizo lugar a las defensas de Macías y sus hijos, para que se reactiven los plazos para ellos y puedan oponerse a la elevación a juicio buscada por la fiscalía.
El magistrado también opinó que “el proceso no está paralizado en todos sus aspectos”, al recordar que el 1 de abril se rechazó el cese de prisión preventiva para Walter Costa Mayuli, prorrogándoselo por 3 meses adicionales. “Lo que está suspendido es el plazo para formular oposición, por lo que para la defensa del encartado mencionado, el debido proceso y sus derechos le son respetados. Aunque -para esta parte- la resolución del Superior Tribunal en su momento puede modificar o no la base fáctica de la requisitoria presentada en su oportunidad por el Ministerio Público Fiscal”, señaló.
Concluyó que le asiste “cierta razón a la querella, cuando observa que antes del fallo de Casación deben continuar suspendidos los plazos porque este puede modificar la imputación que pesa sobre C. Mayuli, aunque su privación de libertad debe razonablemente ser revisada, en poco menos de tres meses”.
No obstante, distinguió que la situación de sus familiares es distinta porque “la medida de suspensión decretada genera ciertos perjuicios a sus derechos”. Hizo hincapié en que la Cámara de Apelaciones “recomendó separar los legajos y otorgar un tratamiento diferente a quienes tienen situaciones judiciales distintas puede ser adecuado, y es el criterio más ajustado de orden procesal, aunque también podría ser objetado a los fines del recurso de revocatoria bajo análisis”.
En ese sentido entendió que “la tarea de desacumular demandaría tiempo y el ejercicio de funciones ordenatorias relacionadas con la dirección del proceso (son) muy limitadas en la función que tienen actualmente los jueces de Control y Garantías en el proceso acusatorio adversarial”.
Sin embargo, puntualizó que “la conexión que determino la acumulación de legajos, en caso de ocasionar retardo como los planteados en la audiencia, amerita considerar la excepción prevista en el art. 37 del código de rito, lo que sumado a cuestiones de economía procesal y garantías relacionadas con el debido proceso, en el entendimiento que uno de los objetivos de esta etapa del proceso penal, consiste en la finalidad de conducir las actuaciones del modo más rápido posible”.
En conclusión, señaló que la prisión preventiva de Costa Mayuli “será revisada en un razonable plazo, y que separar los legajos de los imputados Macías Numa, Cristian Costas y Sebastián Costas conllevan tiempo y se debe otorgar plazos relativos para contemplar esta alternativa. Que esto supone en consecuencia modificar los alcances de lo dispuesto sobre suspensión de los plazos para oponerse a la requisitoria y formular excepciones”.
