Moreno: “Lamentablemente hay una demagogia punitiva en todos los partidos políticos para bajar la edad de punibilidad”

Gustavo Moreno es asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones en Contencioso Administrativo y Tributario de CABA y afirmó que el actual proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei para bajar la edad de punibilidad de los menores a 13 años responde a objetivos demagógicos, sobre una estadística delictiva insignificante, que no resolverá la inseguridad.

El defensor de menores y de personas con discapacidad disertará acerca del “enfoque diferenciado sobre infancia y adolescencia: avances y retrocesos en el sistema de protección integral y la baja de la edad de imputabilidad”, temas sobre los que tiene mucho para decir con su larga experiencia. En sus años en el Poder Judicial recorrió y conoció las villas y entabló una amistad que perdura con el padre José “Pepe” di Paola, que hoy es párroco en La Banda, y con Jorge Bergoglio, el actual Sumo Pontífice.

Cuenta como referencia que lo une a la provincia un lazo de sangre, ya que su abuela paterna era santiagueña. Este viernes 4 de septiembre disertará, a partir de las 17, en el Salón de Usos Múltiples de tribunales y, en dialogo con Librepensador adelantó algunas de las ideas de su exposición.

En primer lugar, aclaró la terminología: “El tema de la baja de la edad de punibilidad, como estrictamente debe llamarse, porque la imputabilidad es una relación con el discernimiento, es decir, si un chico entiende o no, y esto no es lo que busca la Convención, que habla de punibilidad, que es la renuncia del Estado a la persecución penal a determinada edad”.

Moreno recordó que el Comité de Derechos del Niño, que depende de Naciones Unidas, dictó en 2019 la observación Nº24, que elogia a los países que tienen la edad de punibilidad a partir de los 16 años, pero procura disuadir a aquellos que buscan bajarla. Por eso puso el foco en Argentina.

-Hace menos de un mes, el mismo comité le hizo las observaciones a la Argentina, cuyos representantes no estuvieron presencialmente sino con un Zoom, y les dijo que estaban muy preocupados por el proyecto el proyecto de ley que baja la edad a 13 años. Eso no va a solucionar nada, no hay un tema de seguridad, no tiene incidencia el delito juvenil, menos aún el de los no punibles. Ejemplo: en Santiago del Estero las estadísticas 2022 y 2023 indican que no hubo más de 10 chicos menores de 16 años que hayan pasado por los juzgados especializados. ¿Por 10 chicos en Santiago vamos a generar un gasto presupuestario de tener lugares? Lo que sí, no tenemos que ser hipócritas y decir qué va a hacer el Estado con estos chicos, porque también la sociedad quiere que haga algo, si no les va a poner una pena. Y acá está la discusión donde no estamos todos de acuerdo. Hay distintas soluciones: algunos dicen ‘hay que devolvérselos a las familias, así libremente, otros, que deben intervenir los organismos de protección integral que fueron desfinanciados muchas veces. Un trabajador social de un organismo administrativo no gana lo mismo que uno del Poder Judicial, hay una gran diferencia. Entonces hay como un doble estándar de la protección integral. Y lo segundo es que creo que una autoridad del Ministerio Público o una justicia especializada, que no sea penal, podría ser la de Familia con un procedimiento nuevo, debería intervenir respecto de los niños y niñas no punibles, que en su mayoría son varones y casi en un 80-90% de los delitos que cometen son contra la propiedad: hurtos y robos. También hay que pensar que tiene una relación clara con la pobreza.

El Comité de Derechos del Niño está muy preocupado por el proyecto de ley del gobierno para bajar la edad punibilidad a 13 años en Argentina”.

-Estadísticamente, a nivel país, también es ínfimo el porcentaje de delitos cometidos por menores, más aún delitos graves. No obstante, se hacen campañas en contra de estos, como si fuera un problema central, cuando en realidad es uno entre muchos.  

–Sí, hay una trasmisión mediática que es muy preocupante, porque suponen empresas periodísticas con intereses. No estoy hablando del periodismo, sino de las empresas que responden a algunos intereses y muestran a los niños como enemigos sociales. Esto es una preocupación y es claro que los porcentajes son ínfimos y no tienen incidencia en el mapa del delito, ni en los propios tribunales, ni siquiera las denuncias, en las que hay que determinar si fueron menores de qué edad. El tema de los adolescentes no punibles es un tema que, aun cuando en el peor de los casos los penalicemos, como quiere el presidente de la república, no va a tener ninguna incidencia en la seguridad. Yo quiero ser categórico en esto: evidentemente la gente no va a tener mayor seguridad porque estos 10 chicos de Santiago o del conurbano bonaerense estén detenidos, esto no va a cambiar. Lo que cambia la situación de los niños es que no se les vulneren los derechos intrafamiliares -por ejemplo, con el abuso sexual- o económicos y sociales y culturales, que tienen que ver con la alimentación, la vivienda, educación, que también están siendo vulnerados –obviamente- por el Poder Ejecutivo Nacional, a veces por los provinciales y municipales. Hay que poner más presupuesto en la niñez, esto es seguro.    

-Desde algunas interpretaciones, esa población sobrante que se genera –sobre todo por la acentuación de la crisis que atraviesa el país- se buscan soluciones punitivas, para apartar y encarcelar a toda esa gente que queda afuera.

-Sí, la solución punitiva parece muy argentina: queremos resolver todo con el derecho penal y esto está muy enraizado en los estratos altos y bajos. En los bajos, yo siempre digo que lo primero que conoce del sistema judicial un chico de un barrio popular, de villas y asentamientos, para decirlo claramente, es a la policía y al fiscal penal. No conoce al defensor que va a litigar con el Estado para que le consiga una vacante. Hoy tenemos problemas de padres y madres que no consiguen vacantes en el nivel inicial, las largas colas en los hospitales de distintas provincias y en la ciudad de Buenos Aires mucho más, donde los chicos no consiguen turno para atención y hay muchos en lista de espera. Entonces, hay que pensar claramente en estos hechos económicos, sociales y culturales. El Papa Francisco se ha referido claramente a esto, no solamente ahora, sino cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, por lo que me parece que hay que trabajar no sobre el punitivismo sino sobre la exigibilidad de los derechos sociales. La ley de Protección Integral de Santiago habla de la máxima exigibilidad y ahí también hay un derecho de iniciar acciones justamente para restablecer esto.

-¿Qué posibilidades cree que puede tener esta iniciativa de bajar la edad a 13 años? ¿Es factible en este contexto actual?

-Sí, yo pertenezco a una asociación de magistrados de niñez y familia del Poder Judicial y cuando apareció el proyecto, en primer lugar, lo percibimos como un globo de ensayo, y después nos decidimos a opinar. Creo que tiene que ver con el timing político del Poder Ejecutivo de bajarla a 13 años para negociar a los 14. Recordemos que hay cerca de 16 proyectos en la Cámara de diputados y sólo 4 de ellos mantienen la edad a los 16 y todos los demás la bajan. Hay uno que quiere bajarla a los 12, otro a los 14. Y lamentablemente es como una demagogia punitiva en Argentina y esto lo adjudico a todos los partidos políticos, que, en algún momento, como en el 2005 que había otra idea política, han optado por la baja de la edad para una respuesta mediática y un poco demagógica en la punitividad. Creo que en este momento de que la ley avance, pero como nunca hay un fuerte frente de asociaciones judiciales y de la niñez, organizaciones populares, que estamos trabajando para demostrar con argumentos claros que esto no tendrá incidencia en mejorar la seguridad, que es lo que expresa el señor presidente, en la exposición de motivos que envió. Esto no va a ser así.

Bajar la edad de punibilidad no va a mejorar la situación de inseguridad. Pero no hay que ser hipócritas: tenemos que encontrar todos los que estamos trabajando en esto una solución para los chicos que por debajo de los 16  cometen ilícitos“. 

-Uno de los argumentos que se esgrime es que se bajó a 16 la edad para poder votar o contraer matrimonio y por qué no se puede bajar la edad de punibilidad, mezclando cosas que no tienen mucha relación.

-El tema de la baja de edad para casarse a los 16, votar y distintas cuestiones, tiene que ver con la autonomía progresiva del niño de poder ejercer por sí más derechos. Pensar en la baja de la edad de punibilidad es no tener en claro el derecho de la infancia. Yo no le puedo pedir esto a los ciudadanos comunes, pero sí a quienes somos especializados en esto. Bajar la edad no va a mejorar la situación del chico como sí lo hará el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, vuelvo a repetir que no hay que ser hipócritas: tenemos que encontrar todos los que estamos trabajando en esto una solución para los chicos que por debajo de los 16 cometen hechos que la gente no quiere que cometan. Si un chico de 15 va y se cuelga de una señora de 70 años para robarle el celular, la tira al piso y obviamente la lastima, evidentemente esa mujer y su familia van a estar muy enojados por los daños que le hizo. Es una obligación del Estado decirle ‘no queremos que hagas esto, te vamos a acompañar, a hacer un seguimiento, una evaluación’, ahora, el tema es quién la hace, porque no tiene que ser un juzgado penal, sino los organismos de protección y quizás juzgados especializados de Familia o de Infancia, que puedan tener una autoridad en esto, sobre todo cuando son hechos graves: lesiones gravísimas, algunos de los pocos homicidios que se han cometido, que justamente no son acá, sino en la provincia de Bs. As. o en Rosario y Córdoba. Hay que tener una mirada de cada provincia, no todo se puede legislar desde Bs. As. Las leyes procesales son provinciales y acá hay que tener una fuerte actividad para reforzar sus propios organismos, quizás en Santiago no tanto porque no tienen esta problemática, que se la quieren vender a las provincias que no tienen el problema.

-Esa es la gran pregunta: ¿cómo manejar el problema de los menores que están implicados en delitos graves, fundamentalmente, lo que despierta muchas veces el enojo social porque son inimputables.

-Creo que hay que tener en cuenta qué chicos con estos, en general. Son mayoritariamente varones, adolescentes y son frecuentemente de sectores sociales pobres, con padres de baja calificación laboral. Chicos que quizás no tuvieron una inserción escolar o no la pudieron mantener. Entonces, me parece que cuando empezamos a ver la historia y la película para atrás vamos a ver distintas fallas del Estado y veremos claramente la vulneración de otros derechos, como lo dice la ley de Protección Integral Nacional, que también el Estado viola derechos. Hay que preguntarse cuántos de estos chicos pasaron por efectores –hablo de dispositivos, escuelas, organismos administrativos y sistema estatales- que no han podido detectar estas situaciones o no han sabido acompañar. A esto me refiero con los derechos sociales. El tema de la prevención es esencial y también el Poder Judicial tiene que acompañar esto con fallos. Tenemos que trabajar en las viviendas, las viviendas sociales, los presupuestos, la educación; que todo el mundo tenga acceso, porque la mejor distribución de la riqueza disminuye las conductas delictivas, esto está absolutamente comprobado.   

-En este contexto donde aumenta la desigualdad es el caldo de cultivo y vuelve peligrosa esta situación.

-Creo que esto es trabajar sobre el síntoma y no sobre la causa. Y eso es lo preocupante que yo veo del gobierno nacional, que quiere trabajar sobre un síntoma, que es la comisión de un delito o no, de parte de un menor, que, además, a veces algunos medios de comunicación hegemónicos muestran constantemente. Yo que soy de Bs. As. podría decir que si fuésemos una empresa periodística podríamos mostrar todos los días un delito grave y eso no quiere decir que la tasa haya aumentado. Ahora, esa imagen tan fuerte todas las mañanas, cuando se encienden los televisores o se escucha la radio, hace que melle claramente en el ciudadano común y piense que estamos en el peor de los Bs. As. y no es así: es una de las ciudades más seguras del mundo, por estadísticas, de Latinoamérica. Y uno dice ‘las cosas que pasan en Bs. As., que seguro son más graves que las que pasan en una provincia, pero hay que mirar las estadísticas del delito, que es lo que haremos este viernes, cuando tenga la oportunidad de exponer.

-La última medición del Indec con respecto a la pobreza e indigencia, con más del 60% de incidencia entre menores, es algo que hasta se naturaliza y es muy grave. Genera grandes cantidades de niños y adolescentes que entran en esa situación, cimentando la pobreza estructural con generaciones de pobres.

-Se toma como un número. Lo primero que es llamativo es que esas estadísticas son del propio gobierno nacional y marcan que la indigencia y la pobreza de niños menores de edad está casi en un 67%. Es llamativo que no haya una respuesta contigua que diga qué va a hacer el gobierno con esto, que no va a ser una cuestión de derrame económico, porque va a tardar. No estoy discutiendo la política económica, pero aun cuando salga bien, va a ser muy tarde. Los niños no dejarán de ser niños, pero necesitan una solución hoy por parte del Estado y de los empresarios que tienen que tributar.

Por otra parte, esta pobreza demuestra claramente la violación de derechos sociales, como dice el Papa Francisco. Educación y Salud. Hoy justamente hay una marcha por el tema universitario que es de Educación. El tema de garantizar la educación desde los niveles de los 45 días hasta la universidad, como dice la ley nacional de Educación es esencial, es algo que ha caracterizado a Argentina. La garantía de la salud estatal, de no tener que pagar para atendernos. Yo me accidento hoy en pleno Santiago del Estero y sé que me va a atender alguien en el hospital. Esto es como que lo tenemos muy asumido, pero es un derecho social ganado por la gente. En esto tenemos que trabajar más y debe haber un compromiso del Poder Judicial para exigirles a los Poderes Ejecutivos que cumplan con esto.

-Por último, ¿cuál es su opinión con respecto a víctimas de abusos sexuales sufridos en la niñez que ven frustrado su deseo de justicia porque los tribunales rechazan sus denuncias realizadas ya de adultos, por considerarlas prescriptas?

-Tengo una opinión tomada hace mucho tiempo que es la imprescriptibilidad de estos delitos aún los anteriores a la ley Piazza. La discusión pasa por ahí. Creo que seguramente los tribunales superiores provinciales tienen que dar claramente una muestra de esto y tienen argumentos convencionales muy importantes, desde el interés superior del niño, hasta la forma de interpretación de estas leyes o elementos no jurídicos como la sociología o la construcción social del Derecho, que hacen claro que evidentemente vayamos hacia estos delitos que son similares a los de lesa humanidad, aunque no lo sean estrictamente. Violentar la intimidad de un niño o niña, por parte de un adulto en su infancia, es una marca inolvidable para esa persona. Entonces esa herida nunca cerrará. Y me animaría a decir que es un delito continuo, justamente porque se ocasiona un daño permanente y psíquico en la persona, con lo cual ahí hay un fuerte argumento para decir que es un delito imprescriptible.

-¿Han aparecido fallos en ese sentido?

-Han empezado a aparecer algunos fallos muy interesantes y buenos de tribunales, por ahí no superior, que están resolviendo este tipo de cosas. Seguramente llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un caso paradigmático de Entre Ríos, que está más avanzado y seguramente creo que la Corte en algún momento tendrá que expedirse sobre esto.