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Duro revés para Caro, Llado y Moyano: seguirán detenidos y acusados de asociación ilícita

La Cámara de Apelaciones resolvió este jueves la situación de tres de los detenidos por el caso Fürth y revocó la resolución del juez Merino.

La Cámara de Apelaciones en lo penal resolvió este jueves revocar la resolución del juez de Control Gastón Merino sobre los primeros detenidos por la causa Fürth: el exgerente Gerardo Caro, el exjefe de Ventas Matías Llado y la cajera Graciela Moyano.

 

Esto implica que los tres continuarán detenidos con prisión preventiva, tras desactivarse la excarcelación que les había otorgado el juez Merino la semana pasada. Las fianzas que se habían impuesto cayeron en abstracto.

Los jueces Sandra Generoso, Cristian Vittar y Gabriela Núñez resolvieron hacer lugar a la apelación de la fiscalía y de la querella que representa a la empresa, que se habían opuesto rotundamente a esa resolución que dejó sin efecto la asociación ilícita y dejó solamente la figura de estafas reiteradas, por considerar que no había evidencia suficiente.

 

Los jueces consideraron que había riesgos procesales en caso de liberarlos, por la posibilidad de fuga y de entorpecer la investigación que todavía continúa, pese a que las defensas sostuvieron lo contrario.

Por lo tanto, los tres seguirán detenidos, otra vez con la figura de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas. Los defensores plantearían un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia para que se revise el caso, por su discrepancia con el fallo.

 

Esta prisión preventiva es por un lapso de 2 años y recién podrá revisarse a los 8 meses, a menos que haya alguna circunstancia excepcional hasta fin de año.

El tribunal incluso rechazó los habeas corpus que había interpuesto la defensa de Moyano, que reclamaba el cumplimiento de la excarcelación concedida por Merino, pero también un tratamiento diferenciado con los demás imputados por sostener que no tenía jerarquía dentro de la estructura de la empresa, al tiempo que se reclamaba un estudio socio-ambiental para demostrar que posee un nivel de vida de cualquier asalariado.

 

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