Pettovello disolvió más de 10 programas sociales destinados a la niñez, adolescencia y familia
La resolución nacional desafectará a aproximadamente 500 trabajadores del sector y en los centros de referencia que funcionaban en las provincias.
El Ministerio de Capital Humano nacional, a cargo de Sandra Pettovello, decidió disolver 11 programas que dependían de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, en un proceso de achicamiento que desafectará a aproximadamente 500 trabajadores del sector.
Como en medidas anteriores, el gobierno de Javier Milei argumentó que esta última decisión busca “lograr una gestión y administración eficiente de los recursos”. La disposición fue oficializada mediante la publicación de diversas resoluciones en el Boletín Oficial.
La decisión, que incluye el pase a disponibilidad de los empleados afectados, se basa en lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, que establece que los trabajadores impactados por este tipo de medidas quedarán en una situación de “disponibilidad” por un máximo de 12 meses.
A la vez, se dejó sin efecto la norma que organiza el funcionamiento de las sedes denominadas Centros de Referencias. Estos espacios son locales de gestión que funcionan como delegaciones del Ministerio en municipios y provincias, donde profesionales brindaban asesoramiento para facilitar el acceso a distintos programas y servicios, realizaban talleres gratuitos de capacitación e impulsaban estrategias de desarrollo local, junto con organizaciones sociales.
La negación de derechos de la infancia
Entre los programas claves, el Ejecutivo nacional cerró el Departamento de Salud Integral, que buscaba brindar una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez.
También cerró el Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que había sido creado para proteger a los menores, cuyas madres se encontraban privadas de su libertad, ya sea en establecimientos penitenciarios o bajo arresto domiciliario.
Cerró el programa Participar en Comunidad, que tenía como objetivo “promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios.
Mediante la resolución 149/2025, dieron de baja la aplicación del Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que apostaba por garantizar “el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño”.
