Cuatro sacerdotes del Opus Dei acusados de trata de personas y reducción a la servidumbre serán indagados

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei.

Están acusados de los delitos de reducción a la servidumbre contra al menos 44 mujeres -la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución-, y de trata de personas en cuatro de esos casos, al involucrar eventos posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.364. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1972 y 2015.

El pedido del MPF fue presentado ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Daniel Rafecas.

Los imputados son cuatro sacerdotes, tres que a lo largo de esos años ocuparon el cargo de “Vicarios Regionales” y otro el de “Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres”, dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.

Según la investigación, el proceso comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales alejadas de los centros de actividades de la organización, quienes eran dirigidas allí bajo la promesa de recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.

Una vez ingresadas como “alumnas”, se las sometía a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral”, y si mostraban vocación para ser “numerarias auxiliares”- categoría compuesta exclusivamente por mujeres- eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres.

Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde se consumaba la explotación, sometidas a distintos tipos de violencia. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.

Según consta en el expediente, las víctimas no contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo ni del respeto a cualquier otro derecho, quedando atrapadas en una super estructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años. El papel atribuido a estas mujeres estaba respaldado por un discurso dogmático que buscaba justificar su situación.

La investigación determinó que las posibles candidatas eran reclutadas a través de contactos de confianza, como sacerdotes y miembros de la comunidad local, que luego les ofrecían a las familias que las niñas “recibirían formación y capacitación”.

“¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta ‘voluntariedad’?”, cuestionaron Taiano, Mángano y Colombo.

Una vez captadas, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso libre a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior. La TV estaba bajo llave y sólo se les permitía ver películas estrictamente seleccionadas. Además, eran vigiladas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación a su salud mental derivada de la situación de sometimiento en la que se hallaban.

Este control absoluto anulaba la autonomía personal de las víctimas, reflejando una realidad “opresiva y deshumanizante”.

Además, se encontraban en un entorno donde el acceso a la atención médica y psicológica estaba completamente controlado y manipulado, lo que perpetuaba su estado de vulnerabilidad y dependencia dentro de la organización.

Un aspecto central de los hechos investigados es la rotación de las mujeres entre diferentes centros del Opus Dei a lo largo del tiempo, ubicados en diversos lugares de la ciudad o la provincia de Buenos Aires, del interior del país e incluso del exterior.

Según las denunciantes, estas decisiones eran tomadas sin su participación, siendo informadas sólo después de que las resoluciones se habían tomado.

Las razones de los traslados eran variadas: cubrir funciones específicas, garantizar buena convivencia, motivos de salud, evitar vínculos afectivos y adaptarse a las necesidades institucionales.

Una de las consecuencias más nocivas de esta lógica de traslados era que reforzaba la dependencia hacia el Opus Dei, al mantener a las numerarias auxiliares en constante movilidad y aislamiento.