Pymes reiteran advertencias por la reforma laboral que impulsa el gobierno

Las pymes reiteraron sus advertencias por el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno y hablaron de “animosidad con el sector empresarial”.

25El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, pidió que haya cambios en la propuesta, entre ellos a la prohibición de los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias.

Representantes de esta organización y de otras como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), le enviaron un documento al Senado con advertencias sobre cinco puntos del proyecto y se reunieron con los equipos técnicos de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

Diab dijo que trabajan en una contrapropuesta al proyecto, un “rearmado de la redacción de los artículos cuestionados, sin que el proyecto pierda el espíritu”: “Nos basamos en cinco puntos, acompañamos la reforma laboral sin quitar derechos a los trabajadores, la mayor preocupación que tenemos es generar certidumbre a la hora de desligar al personal”.

El dirigente explicó en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Si bien la ley es clara (en cuanto a las indemnizaciones) la implementación es muy compleja y termina en cifras absurdas, esa es una de nuestras principales preocupaciones”.

LAS CRÍTICAS DE LAS PYMES AL PROYECTO DE REFORMA LABORAL QUE IMPULSA EL GOBIERNO

Diab cuestionó entre otros el artículo 128 del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno, que veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, pero que mantiene los de los gremios: “Hablo de animosidad con el sector empresarial, dice se prohíbe los aportes obligatorios para las asociaciones empresarias, hay una puntuación especifica hacia un sector que trabaja por la representación del sector”.

El jefe de la CAME también criticó el artículo 126, que determina la renegociación de los convenios colectivos de trabajo cuando venzan, a diferencia de lo que sucede actualmente: “Le da al Gobierno potestad de homologación de algo que entre las partes tenemos medianamente zanjado. Si empleador y empleado estamos de acuerdo el Estado no tendría que intervenir”.

Diab advirtió: “En cuanto a las condiciones de negociación salarial, tenemos experiencia en paritarias, con profesionales, con análisis legal y económico, para poder sentarnos en la mesa. Delegárselo a un empresario que está preocupado y ocupado con su comercio no tiene razón de ser”.

El directivo de las pymes cuestionó además el artículo 132, que le permite al Estado suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”: “Determina que alguien, pretendiendo pensar que afectaría a las arcas del Estado, podría deshomologar algo convenido. Es algo que nos perturba, por más que se tenga algo acordado se podrían generar controversias”.

CONTRAPUNTO ENTRE LAS PYMES

En paralelo al reclamo de CAME, la CAC y Adimra para que se rechacen varios puntos de la reforma laboral, el secretario de la Cámara de la Pyme Metalúrgica de la República Argentina (Camima) e integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Luis Ammaturo se reunió Josefina Tajes, -asesora de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich-, para ratificar “su apoyo total e irrestricto al proyecto de Ley de Modernización Laboral” que debatirá la Cámara Alta en febrero.

Según Camima hay “intereses que mueven a algunas cámaras y asociaciones empresarias que, junto a sindicatos se oponen a varios artículos del proyecto con el objetivo de debilitarlo, buscando solamente proteger sus privilegios y mantener su financiamiento en detrimento de la necesidad de pymes y trabajadores que dicen representar”.

En ese sentido, la cámara reiteró “su rechazo absoluto a los aportes ‘solidarios´ obligatorios, directos o indirectos, a favor de cámaras empresarias, por considerar que vulneran el principio constitucional de libertad de asociación”.

“Las pymes, y en especial las industriales, necesitan un marco razonable que les permita contratar sin enfrentar un riesgo jurídico ilimitado, y al mismo tiempo garantizar que los trabajadores accedan a empleo formal, con movilidad laboral, capacitación y oportunidades reales de progreso”, remarcó Ammaturo.

En el mismo sentido, sostuvo que “una reforma laboral moderna permitirá que el sistema judicial se concentre en los casos que realmente requieren tutela, en lugar de sostener un esquema que incentiva la litigiosidad oportunista, destruye empleo y paraliza la inversión”.

Además, destacó que el proyecto que se debatirá en el Congreso, “promueve una modernización estructural del sistema laboral y habilita la actualización de modalidades de trabajo y de los convenios colectivos para adecuarlos a las realidades productivas, tecnológicas y competitivas del siglo XXI”.