Entró en vigencia en Santiago capacitación obligatoria para los estatales sobre la “Cuestión Malvinas”
La adhesión la ley nacional 27.671 fue promulgada y contempla la capacitación obligatoria y permanente para todos los agentes de los tres poderes del Estado, acerca de la causa Malvinas.
El Poder Ejecutivo promulgó la adhesión a la ley nacional 27.671, que fue aprobada el 8 de octubre por la Cámara de Diputados y que implica una capacitación obligatoria y permanente sobre la “Cuestión Malvinas” para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Esa disposición entró en vigencia con el decreto 1.629, aprobado el 16 de octubre, con la firma del gobernador Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete Elías Suárez y la ministra de Justicia, Matilde O’Mill.
Esa norma estipula “la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas”, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia”. Es algo similar a lo que ya se viene aplicando con la ley Micaela, sobre capacitación en perspectiva de género.
El objetivo de esa norma es mantener vivo el reclamo histórico sobre la ocupación colonial del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos que integran el territorio argentino. Desde 1983 Argentina y el Reino Unido tienen una disputa de soberanía por estos territorios, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Quiénes deben capacitarse? Deben capacitarse en la Cuestión de las Islas Malvinas todas las personas que trabajan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia y la Nación. Están incluidas las personas que trabajan en todos los niveles y jerarquías de la función pública nacional.
Esta capacitación respeta lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
La capacitación deben tener, como mínimo, información sobre los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que la Nación Argentina utiliza en la Cuestión de las Islas Malvinas. También debe incluir información sobre las normas nacionales e internacionales vigentes.
Las máximas autoridades de los organismos nacionales y provinciales son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones. Pueden adaptar materiales o programas vigentes o pueden desarrollar sus programas y materiales propios, siempre respetando los lineamientos de la ley.
La autoridad de aplicación tiene que certificar la calidad de las capacitaciones que elabore cada organismo. También puede realizar modificaciones y sugerencias para que las capacitaciones tangan mayor efectividad.
La autoridad de aplicación debe garantizar la participación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes; de las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia; y de la sociedad civil, como los Centros de Veteranos.
