Preocupa a procuradores, fiscales y defensores la falta de perspectiva de género del gobierno nacional
Los funcionarios y magistrados judiciales advirtieron que la afirmación del ministro Cúneo Libarona de que “se acabó el género” contraría los tratados internacionales a los cuales adhirió el país y que tienen rango constitucional.
En el marco de las XII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos en la provincia de Chaco, se realizó la asamblea del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y del Consejo Federal de Política Criminal, que criticó los dichos del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Uno de los firmantes del documento fue el fiscal general de la provincia, Luis Alberto de la Rúa.
En el comunicado expresaron al gobierno nacional su interés en la continuidad del desarrollo efectivo de las políticas contra la violencia de género en dicho ámbito, considerando tales acciones como una manera de promover el Derecho Humano a una vida libre de violencia para mujeres y personas del colectivo LGTIBQ+.
“La reciente incorporación de dichas funciones al ministerio de Justicia de la Nación no podría ir en detrimento de tales objetivos, en los términos del artículo 8 de la Ley 26.485 y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino para adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia de género”, sostuvieron.
En ese sentido expresaron su “más profunda preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Dr. Mariano Cúneo Libarona, mediante las cuales manifestó que se acabó el género y rechazó su diversidad, sumado a las medidas adoptadas en los últimos meses sobre políticas públicas en la materia de género en desmedro de las mismas”.
“Lo manifestado por el señor ministro implica un apartamiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional ratificados por la República Argentina, mediante los cuales se garantizan los derechos humanos elementales, cualquiera sea la identidad sexual o de género, y que conforman, junto con la Constitución Nacional y las demás leyes vigentes, el bloque de juridicidad del Estado de Derecho”, advirtieron.
“Entendemos necesario que desde las más altas autoridades políticas de la Nación se respete y promueva la equidad de género –indicaron-, ello con la finalidad de promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas en la construcción de una sociedad justa”.
Para finalizar, bregaron “por el fortalecimiento de las políticas públicas de persecución de la violencia de género y el debido respeto de la equidad de género, tanto en el ámbito del ejercicio de nuestras funciones como también en el ámbito de los restantes Poderes del Estado, en particular en el ámbito del gobierno nacional”.
