Polémica por el DNU de la SIDE: llega al Congreso con la bicameral sin conformar
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo analiza un DNU clave sobre la SIDE, con rechazo opositor en puerta.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que reorganiza y amplía las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ingresó formalmente este jueves al Senado en medio de fuertes cuestionamientos políticos y judiciales.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU, dispone de diez días hábiles para emitir dictamen. Sin embargo, el órgano aún no fue conformado, lo que genera críticas desde la oposición, que advierte que esta situación podría dilatar el tratamiento parlamentario y permitir que el decreto continúe vigente sin control legislativo.
El decreto es considerado uno de los más polémicos del inicio de la gestión nacional. Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos sostienen que no se limita a una reorganización administrativa, sino que amplía de manera indebida las atribuciones del organismo de inteligencia, incluso en áreas vinculadas a la investigación penal, competencia reservada al Congreso.
En el plano legislativo, la oposición calcula que hay al menos 122 legisladores dispuestos a rechazar el DNU cuando llegue al recinto. Aunque el número aún no alcanza el quórum en Diputados, refleja un escenario adverso para el oficialismo. De ser rechazado por ambas cámaras, el decreto perdería vigencia, como ocurrió recientemente con otra norma vinculada a los fondos reservados de la SIDE.
La controversia también se trasladó a la Justicia. En los últimos días se presentaron tres acciones para solicitar la nulidad del decreto por presuntas violaciones constitucionales. Una de ellas fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestiona la falta de justificación de la urgencia, mientras que las restantes fueron promovidas por referentes de la UCR y la Coalición Cívica.
El futuro del DNU 941/25 abre una nueva disputa institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, y vuelve a poner en debate los límites del uso de los decretos como herramienta de gobierno.
