Polémica en escuelas por la elección de abanderados: denuncias de favoritismo y falta de transparencia
Familias cuestionan los criterios de selección y advierten posibles irregularidades en la asignación de calificaciones.
En distintas instituciones educativas comienzan a multiplicarse los reclamos cada vez que se acerca el momento de designar a los alumnos que portarán las banderas de ceremonia. Lo que debería ser un reconocimiento al mérito académico y al esfuerzo sostenido se transforma, para algunas familias, en un foco de tensión y sospechas.
Padres y madres denuncian que, en ciertos establecimientos, la elección de abanderados y escoltas no responde exclusivamente a criterios objetivos como el promedio general, sino que existirían situaciones de favoritismo hacia estudiantes con vínculos familiares con directivos o personal jerárquico.
Una madre, visiblemente angustiada, aseguró que en su institución “se bajan notas por centésimos para modificar el orden de mérito y beneficiar a determinados alumnos”. Si bien estas afirmaciones requieren pruebas concretas, el solo planteo genera preocupación en la comunidad educativa.
La figura del abanderado representa, históricamente, un símbolo de excelencia académica, compromiso y responsabilidad. Por ello, cualquier sospecha de manipulación no solo afecta a los estudiantes directamente involucrados, sino también a la credibilidad institucional.
Especialistas en gestión educativa señalan que la transparencia es clave para evitar conflictos. Publicar claramente los promedios, establecer reglamentos escritos y permitir instancias formales de revisión son mecanismos que fortalecen la confianza y reducen interpretaciones arbitrarias.
Desde el punto de vista ético, el eventual favoritismo vulneraría el principio de igualdad de oportunidades, pilar fundamental del sistema educativo. Además, la alteración deliberada de calificaciones constituiría una falta grave dentro del ámbito administrativo.
Sin embargo, también se advierte que en contextos de alta competencia académica, diferencias mínimas pueden generar percepciones de injusticia. Por ello, la documentación clara y el acceso a la información resultan esenciales para distinguir entre una sospecha infundada y una irregularidad comprobable.
Más allá de los casos particulares, el debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cómo garantizar que los reconocimientos escolares reflejen verdaderamente el mérito y no intereses personales?
La respuesta parece estar en una combinación de normas claras, controles efectivos y una cultura institucional basada en la equidad y la transparencia. Porque cuando se trata de educación, la confianza no es un detalle: es un requisito indispensable.
