Piden la prisión preventiva para el empresario y 26 “peones” acusados tomar un campo mediante disparos y la tortura de empleados

La justicia debe resolver la suerte de un empresario y 26 “peones”, acusados de estar implicados en la toma violenta de un campo ubicado en el departamento Alberdi, tras haber reducido y torturado a tres empleados de la estancia. 

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva, en el mes de diciembre , por entender que cuenta con numerosos elementos de prueba que sostienen la acusación, mientras que los abogados del empresario y los “peones”, requirieron la excarcelación.

Fuentes judiciales informaron que en la audiencia llevada a cabo ayer en el Palacio de Tribunales, la fiscal del caso, Dra. Celia Mussi, dió elementos sólidos y autosuficientes para fundar el pedido de prisión preventiva para el empresario Luis Fernando Michelotti, oriundo de Córdoba, y 26 “peones” que  habrían sido  contratados, todos ellos oriundos de la capital santiagueña y La Banda.

La causa se originó después de que los supuestos peones, irrumpieran en la estancia “Tierra Brava” a principios de diciembre último.

En dicha causa, Michelotti y los “peones”, están imputados por los  delitos  de usurpación, privación ilegítima de la libertad y coacción agravada en concurso real con una pena de expectativa de más de 25 años de prisión.

Según se desprende de la investigación penal preparatoria, el productor agropecuario cordobés no habría exhibido ninguna documentación que acredite la titularidad del campo que habría intentado tomar, solo habría hecho manifestaciones de que habría expedientes civiles en trámite, sin hacer referencia a causas y/o juzgados intervinientes y una supuesta presentación y autorización de la Dirección de Bosques de la provincia y de Fiscalía de Estado sin acreditar.

Michelotti habría contratado a dos personas: Daniel Oscar Quinteros (con domicilio en La Banda) quien habría llevado a los “peones” (algunos con tobillera electrónica) que ingresaron violentamente en el campo de un Sr. Genovesio. El otro contratado para que hiciera supuestamente las mejoras en el campo es Víctor Hugo Rojas (empleado de la Municipalidad de la capital y seria del barrio Reconquista) quien llevó a 8 masculinos más. 

Es decir, para los investigadores, en la cabeza de esta organización estaría Michelotti (de quien se  desconoce si actúa en nombre propio o responde a otra persona, o si tendría los medios suficientes para esta movilización) y por debajo los imputados Quinteros y Rojas, quienes llevaron a los sujetos que irrumpieron violentamente, dañaron el alambrado, rompieron vidrios de la casa, efectuaron disparos con armas de fuego, cubrieron sus rostros, los tiraron al piso, los despojaron de dinero, de sus celulares, los ataron de pies y manos a los tres empleados de la estancia.

Junto con los tres empleados, se encontraba un menor, hijo de uno de los damnificados, quien pudo observar cómo los amenazaban de muerte, mientras prendieron una amoladora, la exhibían amenazándolos de muerte y hasta le pasaron por el brazo a uno de los encargados, de apellido Oviedo, simulando amputárselo. 

Los acusados mantuvieron privados de la libertad por horas a los tres damnificados, para luego, por los ruegos del menor, hijo de uno de ellos, los expulsan de la estancia, manifestándoles “que no regresen más por ese lugar”.

La Fiscalía cuenta con numerosas evidencias que comprometerían a los sospechosos:

– Acta de procedimiento policial en el cual se constata que los acusados en esa fecha se encontraban en el campo de Genovesio. 

– Acta de secuestro de armas de fuego y armas blancas.

– En los secuestros no hay ningún bien o elemento para la supuestas mejoras y/o fumigaciones que decían hacer en ese campo los detenidos.

– Las denuncias de las víctimas en las que relatan el hecho tormentoso que vivieron, las amenazas y torturas. 

– oficio de Fiscalia de Estado en donde da cuenta que dicho inmueble fue entregado a Genovesio para la explotación, quien a su vez efectuó contrato con una persona de apellido Gurman con su debida documentación respaldatoria.

– Certificado del Cuerpo Médico Forense que constata la lesión de la amoladora.

– Pericias psicológicas que constatan las vivencias traumáticas.

Además, la fiscal Mussi puso en conocimiento del juez de Control y Garantías Fernando Paradelo, de que Fiscalia de Estado no está constituido como querellante particular en la causa.

Asimismo, fuentes confiables de El Librepensador manifestaron que el Ministerio Público Fiscal no descarta asegurar el comparendo de un abogado de apellido Martorell, que no habría comparecido a declarar, pese a haber sido notificado, ya que habría sido nombrado por uno de los imputados en una aparentemente reunión previa al ingreso al campo por la fuerza.

La violencia con la que actuaron los acusados, causó conmoción en la sociedad santiagueña. Además, algunos de los “peones” fueron reconocidos por otros campesinos víctimas del accionar de grupos armados, como los autores de otras tomas de tierras en otros puntos de la provincia, uno de ellos en la jurisdicción de Añatuya.