Paliza para el gobierno en el Senado: aprobaron proyectos impulsados por los gobernadores
Se trata de iniciativas que modifican la distribución de ingresos entre Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de aprobar el tratamiento sobre tablas, la Cámara alta alcanzó la media sanción de forma unánime.
Después de haber conseguido habilitar por mayoría especial el tratamiento de los proyectos impulsados por los gobernadores, la oposición en el Senado consiguió aprobar sendos proyectos relacionados con la distribución de fondos entre las provincias.
Antes de votar, para evitar eventuales planteos del oficialismo, la Cámara se declaró previamente en comisión. Lo explicó José Mayans: “Como vemos cómo están jugando con cartas sucias, para prevenir, vamos a pedir que se haga el despacho del Cuerpo y se pase a votar después”.
La habilitación del debate se había conseguido con 54 votos a favor y 0 en contra, en tanto que el proyecto que reforma el reparto del impuesto a los combustibles se aprobó por 56 votos a favor y uno en contra. El mismo resultado, o sea por más de los dos tercios, 56 a 1, se aprobó el proyecto que reforma la distribución de ATN. El único voto en contra fue de Luis Juez, según precisó Parlamentario.com.
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Por otro lado se sancionaron las leyes de incremento a las jubilaciones, Prórroga de la Moratoria Previsional y Declaración de la Emergencia en Discapacidad, la oposición le volvió a propinar otro revés al gobierno nacional: El veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca fue sorteado de forma unánime por el Senado.
Primero se habilitó su tratamiento en el recinto de forma unánime y luego, la Cámara alta eludió el veto presidencial con 51 votos afirmativos, 0 en contra y 0 abstenciones.
La iniciativa logró un amplio consenso entre los bloques de la oposición e, incluso, del oficialismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió vetarlo el pasado 24 de junio cuando se publicó la medida en el Boletín Oficial.
El texto declara la emergencia en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, arrasados por las inundaciones de marzo de 2025. La ley, además, propone la creación de un Fondo Especial de 200 mil millones de pesos para atender los daños, así como la exención de impuestos para los afectados y un plazo de gracia de 180 días para quienes perdieron su fuente de ingreso.
