Nueva inspección de industrias que producen vinaza en la vecina provincia de Tucumán

El defensor del Pueblo de la provincia, Daniel Escobar Correa, encabezó entre el martes y miércoles la tercera inspección a industrias sucroalcoholeras de la provincia de Tucumán, acompañado por técnicos y funcionarios de Ambiente de la Nación, de la Secretaría de Medio Ambiente de la vecina provincia y Defensoría del Pueblo de la vecina provincia.

Esta medida se dio en el marco del cumplimiento de obligaciones establecidas en el acuerdo interprovincial que se celebró entre los exgobernadores, Gerardo Zamora y José Alperovich, el 30 de diciembre de 2011. Por este acuerdo, único y sin precedentes en el país, un Estado provincial ingresa a otro para inspeccionar sus industrias y controlar los vuelcos de residuos industriales, en particular la vinaza como producto final desecho de la producción de bioetanol. Cada litro producido de bioetanol de caña de azúcar, genera 13 litros de vinaza que ya no  se vuelcan a la cuenca.

Toda la información recogida es elevada a la Corte Suprema de Justicia para su monitoreo y contralor, como garante de las acciones determinantes para lograr el salvataje de la cuenca Salí-Dulce, que provee de agua a acuíferos, canales y plantas potabilizadoras, tanto para uso en el riego, el consumo animal y humano, aun cuando restan otras variables ser controladas, que hoy no contempla el acuerdo.

Escobar Correa destacó que esto es resultado de “diversas acciones técnicas y políticas, iniciadas en el inicio de la gestión de Gerardo Zamora, quien sostuvo una fuerte política de Estado en defensa del Medio Ambiente para terminar con el flagelo de la contaminación de la cuenca, por desechos industriales, desde su primer mandato, que derivó en este acuerdo interprovincial que, como resultado de sus efectos, produjo el cese progresivo de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce hasta estos días”.

El monitoreo de la cuenca Salí-Dulce, de 32 puntos establecidos de control de efluentes, control de aguas del embalse de Río Hondo y afluentes industriales, lo ejecuta desde mayo de 2012 la Defensoría del Pueblo los 365 días del año. A ello, se agregan las inspecciones en terreno a las industrias sucroalcoholeras como la que se informa e ingreso al embalse. Sin embargo, aun no se dieron a conocer cuáles fueron los resultados de los controles.

Esto es el resultado de una acuerdo entre empresarios, el gobierno de Tucumán con el gobierno de Santiago del Estero, en el marco de un amparo constitucionalizado ambiental planteado por el gobierno local, a través de Fiscalía de Estado y la  Defensoría del Pueblo contra la vecina provincia por la contaminación del principal recurso natural que comparte con la provincia de Córdoba, al haberse verificado innumerables episodios de contaminación de las aguas con resultados funestos en la fauna ictícola, producto de una política ambiental inexistente y fuera de control en la vecina provincia, por aquel entonces.

Las inspecciones a las industrias tucumanas se realizan antes de la apertura de la zafra, durante el desarrollo, hasta en dos ocasiones y al cierre de la zafra, aun cuando las empresas que tienen capacidad de producción o de guarda de materia prima siguen produciendo bioetanol durante todo el año.

En esta oportunidad, las inspecciones que se centran en el control de tres variables determinantes, y comprendidas en el acuerdo, son ceniza cero, vinaza cero y agua de lavado de caña reciclada.

Se inspeccionaron diez establecimientos industriales; Bella Vista (ingenio); Bella Vista (destilería); Santa Rosa; Corona; Marapa; Santa Bárbara; Famaillá; San Juan; Concepción; Florida y Leales.

Acompañaron a Escobar Correa el representante de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Guillermo Silva; de la SEMA, Marcelo Lizárraga y de Ambiente de la Nación, Javier Finkelstein.