El gobierno intenta minimizar el escándalo de $LIBRA y se abre una semana con denuncias
Tras arreciar las críticas contra Milei, por haber publicitado una token que gracias a eso se disparó con inversiones, pero finalmente se desplomó en un típico esquema Ponzi, la oposición iniciará la semana con pedido de juicio político y denuncias penales.
El bloque de diputados de UxP anunció que presentarán un pedido de juicio político ante el “escandalo sin precedentes”. Lo mismo había anunciado el socialista Estaban Paulón, del interbloque Encuentro Federal. “La gravedad del asunto amerita iniciar una investigación para determinar su responsabilidad. El ámbito natural que establece la Constitución Nacional es la comisión de juicio político”, explicó a Página/12 la diputada de UxP y extitular de esa comisión, Carolina Gaillard.
En abril del año pasado la comisión de Juicio Político quedó envuelta en un escándalo cuando, al momento de constituirse y elegir autoridades, la oposición, junto a algunos oficialistas, votaron a la libertaria Marcela Pagano como presidenta, a Paula Oliveto (CC) como vice y a Leopoldo Moreau (UxP) como secretario. Martín Menem intentó sin éxito evitar la votación y como no pudo, nunca oficializó las autoridades.
Actualmente esa comisión está compuesta por 30 integrantes: 13 de UxP, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Encuentro Federal, 1 de la CC. Todos estos bloques cuestionaron la actitud del presidente. Los 13 lugares restantes se reparten entre libertarios y sus aliados más cercanos: LLA (4), PRO (5), UCR (2) Innovación Federal (1), MID (1). Pero más allá de que podría haber una mayoría a favor del juicio político, la comisión no puede reunirse por si sola, si no es convocada por su presidenta (y para eso Menem primero debería formalizar la designación de sus autoridades).
Además, Pagano fue precisamente una de las pocas voces que salió a hablar del tema. La experiodista utilizó una curiosa argumentación para sostener que no correspondía el juicio político porque el presidente “no estaba en el ejercicio de sus funciones”. “El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, completó.
En este contexto, otros bloques ven más viable el camino de crear una comisión investigadora para recoger información y luego analizar los pasos a seguir. “Insistiremos con una Comisión Investigadora en el Congreso Nacional. Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, aseguró Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia Para Siempre.
“Necesitamos que todos los organismos que tengan capacidad de auditar, encontrar, presionar, y el propio gobierno digan quien le acercó esto al presidente. Cómo mínimo una comisión investigadora y a raíz de lo que surja ver cuál es el curso, si el juicio político o no. Necesitamos saber qué es lo que pasó”, señaló el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau.
En la misma línea se mostraron desde la Coalición Cívica. “Esto no es un simple error. Es una negligencia grave, una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares”, denunció el diputado Maximiliano Ferraro.
Una de las primeras denuncias judiciales que tomaron estado público fue la motorizada por Juan Grabois. El abogado y dirigente de Argentina Humana anunció el inicio de acciones legales que incluyen una denuncia penal y una acción colectiva en representación de ciudadanos que se hayan visto afectados. Llamó a cualquiera que haya sufrido esta estafa a sumarse a la acción legal. “Espero que las Banelco o las Criptomonedas no vuelvan a corromper a los que entraron al Congreso para ser opositores y no lamebotas de un gobierno-Cositorto“, cerró el dirigente de la UTEP.
Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el presidente habría cometido varios delitos como “negociaciones incompatibles con la función pública“, violación a la ley de Ética Pública, el fraude informático, entre otros. En su cuenta de X, su colega Roberto Gargarella también acompañó esta interpretación.
Pero las denuncias no son solo a nivel local. El estudio estadounidense especializado en blockchain y criptomonedas, Burwick Law, convocó a cualquier persona afectada a que los contacte para iniciar una demanda.
Desde la Casa Rosada hicieron averiguaciones para establecer la estrategia judicial del presidente, que deberá responder ante los tribunales por sus posteos. Hacia afuera, trataron de mostrarse despreocupados y adelantaron que intentarán volver a recuperar la agenda con una serie de anuncios en los próximos días.
