Millones, vínculos y amenazas: una trama de presuntas estafas bajo la lupa judicial

Una causa judicial de extrema complejidad sacude a los tribunales y expone una trama de presuntas estafas millonarias, amenazas, maniobras para desviar investigaciones y vínculos, que hoy es investigada por el Ministerio Público Fiscal.

En el expediente aparecen involucrados la contadora Soledad Castelli, un abogado de apellido Castellanos, el médico Ernesto Petros, el empresario  Ramiro Petros y su hijo Agustín Petros Habra, además  de otros actores que la Justicia intenta identificar.

El origen: promesas de inversiones y engaños.

Según consta en la investigación, el punto de partida fue la relación de amistad entre Castelli y la víctima, de apellido Silva. La contadora le habría ofrecido participar en supuestas inversiones vinculadas a vehículos de alta gama y préstamos de dinero, asegurando que estaban respaldadas por cheques y garantizadas por sus contactos e influencias.

Siempre de acuerdo a la denuncia, Castelli afirmaba que sus socios eran personas “poderosas”, entre ellos un abogado millonario que ya contaba con al menos seis autos de alta gama, los cuales habrían sido puestos a su nombre por otro de los integrantes del grupo, Ramiro Petros.

Convencido por estas promesas, Silva entregó los ahorros de toda su familia —provenientes de años de trabajo en el rubro gastronómico—, dinero que jamás volvió a recuperar.

Denuncia frenada y amenazas.

A principios de octubre, tras múltiples reclamos sin respuestas, Silva presentó una denuncia penal. Sin embargo, la causa —entonces en manos de la fiscal Mariela Bitar de Papa— no registró avances, un dato que no pasó desapercibido y tras un pedido de informe del Fiscal General De la Rua, el legajo le fue quitado a Bitar de Papa.

Poco después, la situación escaló: Silva comenzó a recibir amenazas directas por parte de Castelli, quien le habría advertido que Castellanos era hijo de una jueza (hay evidencias de audios y capturas de pantalla de mensajes) y que, si continuaba reclamando, le iniciarían una denuncia penal. Las intimidaciones también alcanzaron a su esposa.

Frente a este escenario, Silva realizó una nueva denuncia, esta vez por amenazas, bajo la órbita de la fiscal Celia Mussi, quien tras acumular serias evidencias, solicitó la detención de Soledad Castelli, imputada por estafa, libramiento de cheques sin fondos y amenazas.

Una causa que crece y se ramifica.

La investigación luego queda a cargo de la fiscal Luciana Jacobo, quien unificó al menos seis legajos de distintas denuncias que presentan un patrón común de maniobras.

Uno de los episodios más llamativos es que Castelli denunció a Ramiro Petros por una supuesta estafa de 400 millones de pesos, mientras que el abogado Castellanos hizo lo propio,contra Petros,  por un perjuicio de 300 millones. Ambas denuncias fueron presentadas el mismo día, a la misma hora (23 hs del 18 de octubre), en formato papel, con idéntico diseño, los mismos espacios y el mismo domicilio legal de un reconocido abogado del foro. Para los investigadores, esto podría tratarse de una maniobra deliberada para desviar la investigación.

Denuncias cruzadas y contradicciones.

Castelli también denunció a Silva y a su hermano por supuestas amenazas. No obstante, al declarar incurrió en contradicciones graves, mencionando hechos, personas y causas que coincidirían con investigaciones en las que ella misma, Castellanos y los Petros padre e hijo aparecen como denunciados.

En paralelo, Ramiro Petros fue denunciado por el empresario Mauricio Corvalán por la compra de un vehículo de alta gama valuado en 50 mil dólares, que figuraría a nombre de Agustín Petros Habra, hijo de Petros, quien también estaría bajo la lupa judicial y mantendría una estrecha relación con Castellanos. Auto que también sería reclamado por un empresario  tucumano que sería de apellido Viola.

Autos de lujo, cheques y silencios llamativos.

La causa también apunta a agencias de vehículos de alta gama de Nordelta, entre ellas Sote Automotores, donde se encontrarían autos vinculados a las maniobras investigadas.

Otro punto crítico es la entrega de cheques por parte de Castellanos a Castelli, pertenecientes a Corrales S.A., presuntamente de su propiedad, y a la cooperativa Ecosan, cuyo representante legal sería un contador de apellido Nazario, socio de Castellanos y mencionado por el propio Castellanos en su denuncia, por lo que sería citado por la fiscal Jacobo. Llama la atención de la Justicia que Castellanos no haya denunciado penalmente a Castelli, pese a los montos involucrados y supuestos perjuicios ocasionados. 

También genera interrogantes que varios vehículos habrían sido puestos a nombre de Castellanos por Ramiro Petros y que, hasta el momento, no se hayan ordenado allanamientos ni el secuestro de esos automóviles, que permanecerían en agencias.

¿Asociación ilícita?

Para la fiscalía, no se trata de hechos aislados. La investigación apunta a determinar si existió una organización estructurada para cometer delitos, lo que podría encuadrar en la figura de asociación ilícita.

Mientras la causa avanza, Silva y su familia fueron estafados, amenazados y despojados de los ahorros de toda una vida de trabajo, en una trama que combina millones de pesos, autos de lujo y presuntos vínculos de poder que hoy están bajo la lupa judicial.

Audiencia de prórroga de detención y excarcelación. 

Mañana a las 10 hs el Juez de Control y Garantías, Dr. Guillet, tratará el pedido de prórroga de detención formulada por la fiscal Luciana Jacobo y la excarcelación de la contadora Soledad Castelli presentada por sus abogados Brandan. 

El querellante particular, Gabriel Coronel Chalfón, ofreció a  MPF evidencias en audios, videos, grabaciones y capturas de pantalla por lo que no se descarta pedidos de detenciones en la misma audiencia.