“Milei deja sin salario a casi 1 millón de trabajadores de la economía popular y de los barrios populares”

Movimientos sociales, organizaciones piqueteras y cooperativas de trabajo de Santiago se reunirán este viernes 27 de marzo para denunciar que “el gobierno de Javier Milei pasa la motosierra contra los trabajadores más pobres y precarizados del país”.

“Según anunció el ministerio de Capital Humano por redes sociales, en abril finalizará el programa Volver al Trabajo, afectando a 950 mil trabajadores, de los cuales en nuestra provincia más de 18.500 beneficiarios se verán perjudicados ante esta medida. Esos programas no solo sirven para contener  y aplacar un poco la insostenible realidad económica que se vive en esta nueva gestión, sino que también  realizan tareas  esenciales para la reproducción de la vida en los barrios populares desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca y que perciben un Salario Social Complementario, congelado desde Diciembre de 2023, en $78.000”, advirtieron.

“Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo son sostenidos con ese salario. Lo mismo ocurre con quienes realizan la producción textil, recicladores, la venta ambulante en el espacio público, la agricultura familiar campesina indígena. En los distritos, tareas municipales como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura se complementan con dicho salario”, recordaron.

“En el marco del aumento de la pobreza, los despidos en el sector privado, la caída del consumo y la descomposición del gobierno –advirtieron-, esta gestión, que se robó la comida de los comedores populares, ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia. La eliminación del programa también implica el despido y la afectación de miles de estatales que forman parte de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social que desarrollan actividades en todo el país”.

Las organizaciones señalaron que, en paralelo, esta medida afectará las economías regionales y comercios de cercanía en los barrios populares, “ya que quita de circulación para el consumo interno unos $78 mil millones mensuales, es decir 600 millones de dólares anuales. Es plata que el gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI”.

“Esta iniciativa expone las mentiras del gobierno nacional que durante la campaña electoral y ya al frente del ejecutivo nacional se había comprometido a mantener los programas de empleo hasta tanto se generaran los puestos de trabajo prometidos. Todo lo contrario, en el país se perdieron alrededor de 300 mil puestos de empleo, mientras la desocupación creció al 7,9% en 2025, afectando a 1,7 millones de personas. Para peor, intentaron esconder el fracaso de sus políticas sociales detrás de capacitaciones laborales que abarcaron a 80 trabajadores de un padrón total de 950.000”, resaltaron.

En ese sentido, reafirmaron que “la organizaciones entendemos que este ataque del gobierno es un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que creamos las organizaciones en los barrios populares y que hoy son un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado que, ante la falta de oportunidades en las vidas de nuestros pibes, pretende cooptarlos como carne de cañón”.

Con esos fundamentos adelantaron que este viernes se anunciará, a las 10:00 de la mañana un plan de lucha en una conferencia de prensa que se realizará en La Plata 238.

Firmaron el pronunciamiento Jésica Cajal, de Libres del Sur; Ezequiel Altamiranda, de Polo Obrero;  Marisel Sánchez, Somos Barrios de Pie; Roxana Trejo, de Teresa Vive; Susana García, de la William Cooke y José Ordóñez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos.