Los acusados del millonario asalto al empresario Canllo irán a juicio y continuarán detenidos

La jueza de Control y Garantías de Capital, Huerto Bravo Suárez, hizo lugar este viernes al pedido de elevación a juicio oral formulado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Callegaris, y por el querellante particular Gabriel Coronel Chalfón en contra los imputados del millonario asalto contra el empresario Daniel Canllo.

Se trata de Lucas Reinaldo Soria, Gastón Maximiliano Soria, Ricardo Adrián Slheiman Escobar y Bruno Misael Herrera por el delito de robo doblemente calificado en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego.

Cabe recordar que el grupo está acusado de haber copado las oficinas de la empresa de perforaciones de Canllo, en Belgrano y Degano, el 10 de mayo del 2022. Con armas en la mano huyeron llevándose más de $60.000.000, entre moneda nacional y dólares.

Por otro lado, la fiscal Callegaris también solicito a la jueza la prórroga de la prisión preventiva ante la existencia de riesgos procesales.

El abogado defensor de Escobar, Sergio Brandán se opuso a la requisitoria de la fiscal y de la querella, solicito cambió de calificativa legal por la misma figura, pero en calidad de participe secundario y el cese de prisión.

La defensa de Herrera, ejercida por el abogado Crespín solicito el cese de prisión y subsidiariamente la detención domiciliaria.

Y por último la defensa de los hermanos Soria, ejercida por el abogado Rodrigo Posse se opuso al requerimiento de la fiscal y la querella, solicito el cambio de calificativa por la misma figura penal pero en grado de partícipes secundarios, el cese de prisión preventiva y subsidiariamente la detención domiciliaria.

Esos planteos que fueron refutados de manera categórica por la fiscal Callegaris y el abogado querellante Coronel Chalfón, quién sostuvo que todos los imputados tuvieron un dominio claro del hecho, con una planificación previa, decisión y realización en común.

La jueza Bravo Suárez consideró en los fundamentos de su resolución que “la acusación pública y privada se encuentran debidamente fundadas, con una descripción clara, precisa y circunstanciada del contexto fáctico, con definición de las conductas típicas endilgadas a los imputados, con evidencias suficientes para acreditar con el grado de certeza, la existencia del delito y la responsabilidad penal de los imputados”. Es decir, no hay dudas que el ilícito se perpetró y que fue cometido por los acusados.

También sostuvo que en ningún caso se puede hablar de participación secundaría de los imputados, en razón de que todos habrían llevado a cabo acciones de ejecución y no de mera colaboración no necesaria o prescindible.

Por tanto hizo lugar al requerimiento de elevación a juicio oral y público formulado por la fiscal Callegaris y el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón, tras rechazar los planteos de las defensas técnicas.

Se debe señalar que la causa tenía otro acusado, el cordobés José Alberto Miranda, quien echó por tierra la estrategia de los demás acusados al someterse a un juicio abreviado, donde reconoció su responsabilidad. Concretamente sostuvo que originalmente se pensó en secuestrar a Canllo y luego se optó por el asalto, con numerosas complicidades. Tras eso recibió una condena de 8 años, que cumple en su provincia.