Ley de Tierras: Por qué el Gobierno dice que lo beneficia el fallo de la Corte y las opciones que baraja
Tras expedirse la Corte Suprema sobre los planteos relativos a la Ley de Tierras, el Gobierno nacional evalúa el dictamen como un resultado favorable que convalida su postura de apertura a las inversiones extranjeras y analiza alternativas jurídicas para consolidar la medida.
Dentro del Poder Ejecutivo prima la visión de que el pronunciamiento de la Corte Suprema otorga un margen de maniobra clave para avanzar en la flexibilización de los límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas o corporaciones extranjeras.
En este marco, la Mesa Técnica del Gobierno estudia distintas vías reglamentarias y normativas —entre las que se incluyen decretos modificatorios o un proyecto específico de ley— con el objetivo de brindar previsibilidad jurídica a los inversores internacionales y desregular las transacciones del sector inmobiliario rural.
Ejes centrales del análisis oficial
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Lectura del fallo: La Casa Rosada considera que el Máximo Tribunal no descalificó el fondo de las reformas planteadas para la liberación de los mercados inmobiliarios agropecuarios.
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Opciones en estudio: Se baraja la reglamentación vía resolución ejecutiva para flexibilizar restricciones vigentes o insistir con la vía parlamentaria.
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Objetivo de atracción: El Gobierno busca dar garantías jurídicas definitivas a los grupos de inversión interesados en la adquisición de inmuebles rurales y proyectos productivos.
