Ley de Tierras: el Gobierno acepta un límite del 25% para la propiedad extranjera
A pocos días del tratamiento del proyecto en el Senado, el Gobierno nacional decidió modificar uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Tierras y ahora propone establecer un límite del 25% para la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como en cada provincia.
La modificación busca sumar respaldo político de cara a la sesión prevista para el jueves 6 de agosto, en un escenario en el que La Libertad Avanza todavía no tendría asegurados los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.
Un límite mayor al vigente
El proyecto original impulsado por el Ejecutivo no establecía un porcentaje máximo de tierras que podían quedar en manos de personas o empresas extranjeras. La nueva versión incorpora un tope del 25% por provincia y también a nivel nacional.
La cifra representa, sin embargo, una flexibilización respecto de la legislación vigente. La Ley de Tierras sancionada en 2011 establece actualmente un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, tanto en el territorio nacional como en cada provincia y departamento.
De acuerdo con el nuevo texto, quedaría prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras por encima del 25% del territorio de cada provincia.
Bullrich explicará los cambios
La senadora y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará este martes por la tarde una conferencia de prensa para presentar los cambios introducidos al proyecto.
La modificación se produce en medio de las negociaciones del oficialismo con bloques aliados para intentar reunir los 37 votos necesarios en el Senado y conseguir la media sanción de la iniciativa.
Fuerte rechazo de sectores opositores
La reforma de la Ley de Tierras generó críticas de distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y sindicales, que cuestionan principalmente una posible flexibilización de las restricciones a la propiedad extranjera.
De cara al debate legislativo, diferentes organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso para este jueves 6 de agosto, cuando está previsto el tratamiento del proyecto.
El oficialismo, por su parte, busca con la modificación del texto destrabar las negociaciones y conseguir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma que promete generar un intenso debate en la Cámara alta.
