Judiciales

La Oficina de Protección a Víctimas de Violencia del Poder Judicial cumple 15 años

Fue creada como compromiso del Superior Tribunal de Justicia en dar respuesta integral y especializada a las personas afectadas por la violencia familiar y de género.

La Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM) nació como un espacio para garantizar el acceso a Justicia, con enfoque en el cumplimiento efectivo de derechos y con perspectiva de género.

 

La decisión de crear esta Oficina respondió a una clara preocupación del Superior Tribunal de Justicia en esta temática, por lo que en 2009 firmó un Convenio de Cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Así, ambas instituciones se comprometieron a trabajar juntos en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y en la mejora del acceso a la justicia de personas en situación de especial vulnerabilidad.

 

Con esta iniciativa, el organismo se convirtió en la primera repartición del interior del país especializada en esta temática, que comenzó a funcionar en la ciudad Capital el 2 de agosto de 2010. En aquél momento, asistió a la inauguración la entonces ministra de la Corte nacional, Elena Highton de Nolasco.

 

Dos años más tarde, el STJ amplió su alcance mediante la creación de Anexos en los Centros Judiciales de Añatuya, Frías y Termas de Río Hondo, descentralizando el servicio.

Elena Highton de Nolasco, acompañada por los miembros del STJ Lionel Suárez y Eduardo Llugdar. Atrás, el juez federal Guillermo Molinari.

Asimismo, se implementaron las Unidades Móviles de atención y capacitación, que desarrollaban su labor en el interior provincial.

 

Por otra parte, en el transcurso de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la Oficina siguió activa, brindando respuestas inmediatas a quienes más lo necesitaban.

 

A lo largo de los 15 años de gestión de interacción con la sociedad, se recibieron casi 19.000 denuncias, las que fueron recepcionadas por los equipos profesionales interdisciplinarios y se tramitaron ante los órganos competentes, lo que arrojó como resultado la adopción de medidas de protección rápidas y efectivas.

 

En otro orden, se fortalecieron vínculos con organismos judiciales y externos como la Dirección de Género de la Provincia, instituciones educativas, universidades, comisarías, organizaciones no gubernamentales, unidades primarias de la salud, merenderos y centros vecinales ,entre otros.

 

En tanto, se articularon estrategias con la Secretaría de Seguridad de la Provincia para la implementación y colocación de la App “Santiago Protege”, la cual funciona como un botón antipánico para mujeres en riesgo, instalándose alrededor de 1000 aplicaciones a usuarias.

 

En paralelo, desde la creación, la Oficina impulsó la formación en perspectiva de género, dictando talleres y capacitaciones de sensibilización en materia de derechos de las mujeres. Desde 2019, en cumplimiento con la Ley Micaela y mediante Acordada del STJ, se capacitó al personal judicial en forma presencial y virtual, alcanzando hasta el momento el 80 % de la planta de empleados judiciales. También recibieron dicha capacitación operadores judiciales de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.

 

Además de las tareas mencionadas, se realiza un riguroso trabajo estadístico, que permite contar con información actualizada y confiable a través de sistema de gestión diseñado y facilitado por la Corte Suprema de Justicia, colaborando con la carga de jurisprudencia con perspectiva de género y el observatorio de seguimiento de causas judiciales ante la Oficina de la Mujer del máximo tribunal argentino.

 

Se cumplen 15 años de compromiso institucional para abordar esta problemática de profundo impacto social, tiempo en el que el Poder Judicial santiagueño impulsa un servicio más cercano a las necesidades de la comunidad.

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