La causa de una docente que denunció un intento de arrebatarle la niña que adoptó tiene nuevo juez

El juez de Familia Sebastián Billaud pasará desde este lunes a entender la disputa por una niña de 3 años que se encuentra en guarda a los fines de adopción a favor de la docente Silvia Farías, quien denunció un presunto intento de apropiación –a través de entrega directa- hacia la hermana gemela de la mujer que tuvo a la criatura en hogar de tránsito.

La abogada de Farías, Silvana Perrén, planteó la recusación de la jueza de Familia, Norma Carolina Anauate, quien debió ceder el expediente a Billaud, según se conoció el viernes pasado.

“Estos casi 8 meses fueron de terror y con mi familia veníamos soportando todo esto en silencio, pese a que me habían recomendado sacarlo en la prensa, porque lo que hicieron fue denunciarme por abuso para obstaculizar todo el proceso de adopción. Aquí se trata de dos hermanas gemelas, una se presenta como postulante en el RUA y la otra se ofrece como hogar de tránsito en la Subnaf. Ellas organizan el plan y después dejan pasar el tiempo porque ella tiene la obligación de comunicarse con la Subnaf, porque ya tenían la intención de hacérsela quedar. Como si fuera un objeto tenían la intención de apropiarse de mi hija”, explicó Farías.

Anauate fue cuestionada por dar curso al reclamo de adopción que hizo la hermana de la mujer que era parte de la familia de acogida, que bloqueó el proceso que ya había sido concedido a Farías, quien en 2018 se inscribió en el Registro Único de Adoptantes, se sometió a pericias y debió esperar hasta septiembre del año pasado para que resultara elegida por reunir las condiciones de adoptabilidad.

Estos casi 8 meses fueron de terror y con mi familia veníamos soportando todo esto en silencio”, expresó Farías.

La niña había sido puesta bajo tutela del Estado unos meses antes y en ese momento se encontraban en uno de los hogares de tránsito, que tienen prohibido reclamar la adopción. Entonces, la jueza de Familia María Cristina Cambareri autorizó el proceso de vinculación gradual entre Farías y la niña, pero que fue obstaculizado desde el inicio por la familia de acogida, que aducía “no tener tiempo” para esos contactos, según denunció la docente.

No obstante, los psicólogos del RUA y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (Subnaf) que monitorearon esa etapa dictaminaron a favor de la mujer, quien en febrero recibió a la niña en su hogar, por decisión judicial. “Este proceso de vinculación siempre fue obstaculizado por la familia de acogida, que pedía que a la niña se la entregaran a la hermana y al cuñado de ellos”, se denunció.

Pero como los informes fueron favorables, volvieron a la carga el matrimonio de acogida, que denunció un supuesto abuso sexual contra la niña, denuncia que fue desechada por la fiscalía penal por inexistencia de delito. Esa falsa denuncia implicó que la niña fuera sometida a múltiples pericias, destacó Farías.

El 15 de mayo se le otorgó a Farías la guarda preadoptiva de la niña, con informes favorables del Registro Único, la Subsecretaría de Niñez, la Defensoría de Menores y el Ministerio Público Fiscal. La hermana de la mujer integrante de la familia de acogida contraatacó al pedir un per saltum ante el Superior Tribunal de Justicia, con ese recurso para saltear instancias con el fin de que se anulara esa medida. Lo que llamó la atención esa mujer es un tercero en el proceso. Con un voto en disidencia, el máximo tribunal ordenó el 10 de julio apartar a la jueza Cambareri y pasar la causa a Anauate, “sin determinar en qué estado jurídico quedaba la niña”.

En ese fallo se ordenó anular la sentencia de Cambareri que otorgaba a Farías la guarda preadoptiva. También se advirtió que la restitución por tiempo determinado de la niña a la familia de acogida ni siquiera fue solicitada por ese matrimonio.

Esta jueza lo primero que hizo fue emitir una medida cautelar para que Farías entregara la niña a la familia de tránsito, hasta que se resolviera el fondo de la cuestión. “La jueza desconociendo el derecho y en un claro anticipo de sentencia dictamina sobre una niña sin importarle el interés superior de la misma, como si fuera una cosa la saca de su centro de vida en el que tiene más de 7 meses y se la da en préstamo para que la tengan por 20 días hasta que ella tome una decisión”, se cuestionó.

La docente recurrió esa medida por considerarla violatoria del supremo interés del niño, ya que la criatura vivía con ella hace 7 meses y la familia de acogida ya había sido excluida del registro autorizado por irregularidades.

También desde su primera resolución la advirtió con que no ventilara en los medios ni en redes sociales el proceso, si no la multaría. Pero, como Farías lo expuso ante el riesgo de perder a la niña, Anauate le aplicó una sanción de $200 mil por día, mientras hiciera declaraciones públicas.

Así fue que Perrén recusó a Anauate por parcialidad manifiesta y la causa pasó a Billaud. Mientras tanto, la niña permanece con Farías, a la espera de una definición.  “Lo lamentable de esto es que fue organizado por ellas y respaldado por la justicia, por eso no entendemos por qué en este mes de la Adopción tendría que haber salido la sentencia de adopción plena y no tantos obstáculos y esto de terror de querer separarla de mí, sin importarle sus sentimientos, su salud y bienestar emocional y físico, porque estoy segura que se va a enfermar estando lejos de mí”, expresó Farías.