Inicia una nueva semana de paro en la UNSE para exigir que se cumpla el financiamiento universitario
En Santiago del Estero se haría una jornada de visibilización en Plaza Libertad, para informar de la crisis que atraviesan las universidades por decisión del gobierno libertario.
Esta semana vuelve el paro docente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, al igual que en las demás universidades del país, en reclamo por la flagrante violación por parte del gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
“Continúa el plan de lucha y las y los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro del 26 al 30 de mayo. Sin cumplir con la ley de financiamiento universitario, el gobierno nacional continúa atacando el trabajo, la calidad y el salario de la docencia de las universidades nacionales”, expresó la Asamblea Universitaria Permanente.
También se organizó una jornada de visibilización de la crisis en Plaza Libertad, el jueves de 10:00 a 12:00 del mediodía. Allí se informará sobre la situación a través de un micrófono abierto y de panfletos.
El gremio de ADUNSE también adhirió al paro de esta semana corta, en reclamo de salarios dignos, recomposición salarial y convocatoria urgente a paritarias.
Por su lado, el gremio nodocente APUNSE también realizará una actividad de protesta, después que el consejo directivo nacional resolviera paro este 29 de mayo, pero también el 3 y 4 de junio.
La gestión libertaria insiste en no implementar la ley para cumplir con “el equilibrio fiscal”, ya que argumentan que la normativa “no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios” destinados a las universidades públicas.
Para eludir la aplicación de la normativa, que fue aprobada en dos oportunidades distintas (2024 y 2025), y luego de haber atravesado cuatro votaciones principales en el Congreso para su sanción, el Poder Ejecutivo optó por suspender de la norma por decreto y apeló fallos judiciales en contra.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su reclamo a nivel legal y, después de exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, decidió presentar un documento ante la Corte Suprema de Justicia, que ya se encuentra en condiciones de resolver un dictamen definitivo.
