En Santiago repudiaron “un brutal ataque del gobierno libertario contra la discapacidad”

Una concentración en plaza Libertad condenó el ajuste que aplica el gobierno de Javier Milei contra la discapacidad, con recortes presupuestarios y la quita de derechos adquiridos. Los diferentes actores que componen esta comunidad acordaron volver a concentrarse en ese mismo lugar, el próximo miércoles a las 10.30.

La docente integradora Valeria Morales indicó que “todo el colectivo de discapacidad, compuesto por las personas con discapacidad, sus familias, prestadores y terapistas vienen autoconvocándose por todos los ajustes que sufren por parte de este gobierno de Milei. Pero ya se viene de otros problemas en los gobiernos anteriores, donde esta comunidad es la más afectada porque se le cuestiona todos los derechos que han sido otorgados”, señaló.

Y ejemplificó, en ese sentido, “la quita de las pensiones con las auditorías que se hacen para ver si tienen o no una discapacidad. Es un brutal ataque y una guerra criminal de este gobierno liberticida contra la discapacidad”.

Por otro lado, advirtió que la ley de emergencia en discapacidad que trata el Congreso “tiene su componente nefasto porque de aprobarse tampoco va a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad porque tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Los tres ejes fundamentales que plantean es el aumento de la Pensión No Contributiva que es similar a la jubilación mínima, sin movilidad, después de todo el filtro que hacen con las auditorías donde las familias y las personas con discapacidad tienen que hacer largas colas. O sea que quedará fija hasta 2027, con la inflación que tenemos porque todos los días aumentan los precios, los impuestos”.

En relación a esto, remarcó que las personas con discapacidad cobran una pensión de “miseria y deben atenderse semanalmente en las terapias de psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, terapia ocupacional y toda la variedad que necesita la persona para estar bien. Ni qué hablar de los medicamentos que están por las nubes. Entonces ese aumento de la pensión no va a cubrir lo que necesita una persona con discapacidad para vivir: es la quinta parte de lo sale hoy en día una canasta básica familiar”.

Por el otro lado está el cupo laboral, que las empresas privadas toman algunas personas en un número ínfimo, pero no cuentan con un convenio colectivo de trabajo, condiciones de seguridad y sus salarios también están por debajo de la línea de pobreza. “Son cuestiones que siguen golpeando a la persona con discapacidad”, subrayó Morales.

También consignó que en Diputados se tratará la actualización del nomenclador de prestaciones profesionales, que está vigente desde 2024 hasta hoy, por lo que está totalmente desactualizado: “Lo que cobra un docente de apoyo es $307.000, que no se percibe a mes vencido, sino como honorarios a 60, 90 o 120 días, porque se trabaja a través de las obras sociales”.

Alertó que con la desregulación y ajustes desde el año pasado, los alumnos se quedan sin sus docentes: “Al haber una mayor desocupación, los padres quedan sin trabajo, por ende sin obra social y cobertura, no sólo del apoyo escolar sino de todas sus terapias. Entonces es una situación criminal de este gobierno liberticida que actúa en complicidad con todos los gobiernos y burocracia sindical, porque tiene que ver con los negociados que mantienen las obras sociales y atacan de lleno al sector más vulnerable que es la discapacidad”.

“Es una lucha que debe tener continuidad porque es la única manera: por eso está planteado para el próximo miércoles volver a autoconvocarnos en la plaza Libertad, a las 10.30”, indicó Morales.