Glaciares: ambientalistas y empresarios mineros expusieron sus diferencias en torno al proyecto
Fue durante un plenario de comisiones del Senado, donde se busca dar un debate exprés al tema que forma parte de la agenda de sesiones extraordinarias.

Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, continuó este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares.
La iniciativa, presentada a pedido de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, forma parte del temario de sesiones extraordinarias y se le busca dar -al igual que a otros temas- un tratamiento exprés.
Tras escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo, este jueves expusieron un conjunto de especialistas en ambiente y también representantes de la industria minera, quienes dejaron plasmadas sus diferencias en torno a la cuestión. Varios legisladores les hicieron preguntas.
El debate continuará por la tarde con la participación de dos mandatarios provinciales detrás del proyecto: el sanjuanino Marcelo Orrego, de la “Mesa del cobre”, y el catamarqueño Raúl Jalil, de la “Mesa del litio”.
Primer orador de la jornada, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó que la Ley de Glaciares tiene 15 años y “lo que no ha desaparecido en estos 15 años, muy por el contrario se han agravado, son las causas que promovieron la ley, fundamentalmente la cuestión del cambio climático”.
“El proyecto propone una modificación por vía de la interpretación” pero “altera el espíritu de la ley“, observó y señaló que propone achicar la zona de protección, “porque avanza sobre los glaciares de escombro”; además de que “da vuelta el sistema de los presupuestos mínimos que establece la Constitución” y “no hay aclaración alguna de las definiciones”.
El expositor cuestionó que se plantee que “los glaciares tienen como única función la recarga de los acuíferos o las fuentes de agua, cuando tienen muchas otras funciones: ecosistémicas, climáticas, de preservación de la biodiversidad”.
Respecto del fundamento del proyecto oficialista de que las provincias tienen el “dominio originario” de los recursos naturales, Nápoli dijo que eso “no implica que las provincias puedan hacer cualquier cosa con los recursos naturales”, ya que de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional le corresponde a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, reza el texto de la Carta Magna.



