Fentanilo mortal: investigan cómo HLB Pharma comercializó medicamentos durante años con certificados de otro laboratorio
Una nueva arista de la investigación por el caso del fentanilo contaminado puso el foco sobre el funcionamiento de los organismos encargados de controlar la producción y comercialización de medicamentos en Argentina.
De acuerdo con documentación incorporada a la causa que tramita ante el juez federal Ernesto Kreplak, la empresa HLB Pharma Group SA habría comercializado durante aproximadamente nueve años propofol y dopamina, medicamentos utilizados en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos, utilizando certificados correspondientes a otro laboratorio.
Los certificados pertenecían a Surar Pharma S.A., una firma que había sido clausurada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2015. Según la investigación, pese a esa situación, los productos continuaron circulando durante años y las autoridades sanitarias recién habrían intervenido en 2024.
El dato forma parte de un dictamen de 191 páginas, firmado el 3 de agosto por la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez.
El foco sobre ANMAT y el INAME
La documentación judicial también analiza el accionar de exfuncionarias que tenían responsabilidades dentro de los organismos encargados de fiscalizar a los laboratorios.
En ese marco, la ex titular de la ANMAT, Nélida Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumadó, fueron indagadas en la causa y posteriormente excarceladas, aunque quedaron sujetas a una fianza y a la prohibición de salir del país.
Los fiscales sostienen que durante distintos períodos se habrían producido irregularidades en los controles sobre medicamentos elaborados y distribuidos por HLB Pharma.
La hipótesis que analiza la Fiscalía es si existió una suerte de “manto de cobertura estatal” que permitió que determinadas prácticas continuaran durante años sin que los organismos de control adoptaran medidas suficientes.
Propofol y dopamina, bajo investigación
Según el expediente, HLB Pharma habría distribuido propofol y dopamina a centros de salud y droguerías sin contar con el respaldo legal correspondiente.
Ambos medicamentos son utilizados en ámbitos hospitalarios, particularmente en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos, por lo que su elaboración y comercialización están sometidas a estrictos controles sanitarios.
La investigación busca establecer cómo fue posible que estos productos llegaran al sistema de salud utilizando documentación asociada a un laboratorio que había sido clausurado.
Los fiscales remarcaron que las presuntas fallas no se limitarían a un período específico, sino que podrían haberse extendido durante distintas administraciones de los organismos de control.
La causa por el fentanilo contaminado
Esta investigación se desprende de la causa principal conocida como “fentanilo mortal”, que busca determinar las responsabilidades por la muerte de 90 pacientes y las secuelas sufridas por otros 41, luego de recibir ampollas de fentanilo contaminado.
Las ampollas investigadas fueron elaboradas entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025 en la planta de Laboratorios Ramallo SA y contenían las bacterias Klebsiella y Ralstonia.
La Justicia investiga si existieron fallas en los procesos de producción, control y distribución que permitieron que el medicamento contaminado ingresara al sistema sanitario.
Una investigación que podría ampliar las responsabilidades
En el marco del expediente, Bisio y Mantecon Fumadó fueron imputadas por delitos vinculados con la adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, de acuerdo con los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
La Fiscalía también planteó la posibilidad de que la calificación legal pueda avanzar hacia el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, contemplado en el artículo 80, inciso 5°.
La eventual aplicación de esa figura contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
Mientras la investigación continúa, la aparición de los casos vinculados con el propofol y la dopamina suma nuevas preguntas sobre los controles sanitarios y sobre cómo determinados medicamentos pudieron circular durante años pese a las irregularidades detectadas.
La Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios y de las empresas involucradas, además de establecer si las fallas de control tuvieron alguna relación con las consecuencias sanitarias investigadas en la causa por el fentanilo contaminado.
