Escándalo judicial por tierras: denuncian presuntas irregularidades en la actuación del fiscal Torresi
Un conflicto por la posesión de un inmueble volvió a escalar y ahora pone en el centro de la polémica al fiscal Miguel Torresi, en una causa atravesada por documentos cuestionados, decisiones judiciales contrapuestas y acusaciones de parcialidad.
Según consta en un acta policial fechada el 13 de septiembre del año pasado, a la que habría accedido el medio El Librepensador, el fiscal habría dispuesto que empleados de una empresa cordobesa entregaran las llaves del predio y se retiraran del lugar. Incluso, registros fílmicos mostrarían el momento en que efectivos policiales aseguran el acceso al inmueble.
En ese material audiovisual, además, se observa claramente cómo se cierra la tranquera con candado y se realiza la entrega de las llaves a la policía, en cumplimiento de una disposición judicial. Este elemento resulta clave para la causa, ya que refuerza la hipótesis de que cualquier ingreso posterior al predio se habría producido en violación de esa medida.
Sin embargo, cerca de tres meses después, los propietarios detectaron la presencia de terceros dentro del campo. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, estas personas habrían ingresado por disposición de un hombre identificado como Crespo.
El expediente tomó un giro relevante tras un informe del Registro de la Propiedad Inmueble, que advierte que la matrícula de folio real presentada por Crespo presentaría indicios de falsificación. A partir de este hallazgo, se dio intervención a las fiscales de tierras Matach y Holgado, con la recomendación de avanzar en una investigación penal.
En este escenario, distintas fuentes sostienen que, de comprobarse la irregularidad documental, Crespo carecería de derechos legales sobre el inmueble y podría enfrentar cargos por presunta falsificación de instrumento público.
No obstante, la controversia se profundiza porque, según se señala, el fiscal Torresi habría permitido la permanencia de quienes actualmente ocupan la propiedad, a pesar de los cuestionamientos sobre la documentación presentada.
Por su parte, la abogada Lucatelli Perren presentó una recusación contra los fiscales Torresi y Holgado, argumentando falta de imparcialidad en el proceso.
En paralelo, al menos tres jueces de control y garantías habrían rechazado medidas impulsadas por la fiscalía. Aun así, la causa continúa su curso en la Cámara de Apelaciones, donde se revisan las decisiones adoptadas previamente.
El caso se inscribe en una problemática recurrente vinculada a disputas por tierras y la validez de documentación registral, y podría derivar en definiciones judiciales de alto impacto en los próximos meses.
