Escándalo: 10 valijas de un amigo de Milei entraron al país sin control
Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y cercano al gobierno, presentó varias irregularidades para la Justicia cuando ingresó en febrero de este año. El Ejecutivo había negado fallas en la supervisión.
El 26 de febrero de este año, un jet privado de la empresa Royal Class, de Leonardo Scatturice -exSide y nuevo dueño de Flybondi, asesor cercano a Santiago Caputo y enlace de Javier Milei con Donald Trump y CPAC- habría ingresado a la Argentina con 10 valijas que no pasaron los controles de equipaje correspondientes. La causa que se abrió investiga las irregularidades que se presentaron en la llegada y salida del avión, que indican un posible contrabando.
El vuelo privado arribó en el Aeroparque Jorge Newbery a la mañana del 26. En él viajaba Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.
El avión estuvo en la Argentina hasta el 5 de marzo, y se fue a París con la misma pasajera y tripulación. A ellos se sumó Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP que había arribado previamente en el aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.
Frente a las sospechas que surgieron a partir de este vuelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar y pidió todos los informes de PSA, Royal Class y Aduana. Además, la Justicia pidió los videos de aeroparque y declaraciones de funcionarios jerárquicos que intervinieron.
Las irregularidades que se encontraron se detallaron en un dictamen de 60 páginas, que también adjuntó las capturas de pantalla que demuestran que el avión llevaba 10 valijas, pero solo se declararon cinco. El contenido de ese informe fue revelado por TN en el programa ¿Y mañana qué?, que conduce Luciana Geuna.
Ni bien se conoció el ingreso del vuelo de la empresa Royal Class, el Ejecutivo fue consultado sobre las valijas que ingresaron sin control a la Argentina.
“Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, aseguró entonces Manuel Adorni, vocero presidencial, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
LA LISTA DE IRREGULARIDADES QUE ENCONTRÓ LA JUSTICIA
Para los fiscales de la causa, los pasajeros del jet privado no pasaron por los controles de equipaje, y solo declararon la mitad de los bultos. Tampoco hubo registros de control continuo del avión mientras estuvo en el hangar de Aeroparque.
Asimismo, se encontraron inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajeros en el vuelo de entrada y salida. Se decía que venía de Fort Lauderdale (KFLL), pero en realidad partió de Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurre el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indica que se dirigió con destino a Fort Lauderdale, Estados Unidos, en realidad el vuelo fue a París, con escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.
Otra de las inconsistencias encontradas se basa en que en ANAC no registró al avión.
“Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje“, expresó el dictamen de los fiscales.
Sin embargo, la Justicia evaluó que otros pasajeros que ingresaron al sector “sin excepción fueron cometidos al control de equipajes”.
“Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (…). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección“, agregó el documento.
Para la Justicia también se necesita identificar qué personas estuvieron durante esa escena: “Este hecho se produjo ante la mirada de funcionarios encargados del control, que no solo presenciaron la situación, sino que también facilitaron activamente el acceso exclusivo del grupo”.
A diferencia de lo manifestado por Royal Class, que dijo que no se observó a nadie ingresando al avión durante su estadía completa en la Argentina, el Ministerio Público Fiscal analizó las grabaciones del hangar que tomó la Policía Federal y no tuvo la misma conclusión: “Se revelan filmaciones parciales con huecos temporales donde no es posible observar ni monitorear de manera continua el estado ni la posición de la aeronave durante el lapso comprendido entre su ‘sellado’”. El procedimiento del cierre “no tuvo ningún aval oficial”, sumó el dictamen.
El Ministerio Público Fiscal también detalló que -en las imágenes que se recolectaron- se puede observar a la pasajera Arrieta con un “comportamiento inusual”. Según la opinión de la Justicia, la mujer bajó del avión con “un teléfono celular que habría sido entregado a una agente de la Aduana, que respondió con un gesto de ‘okey’”.
Frente a este contexto, los fiscales pidieron medidas pertinentes para identificar de manera fehaciente a la agente aduanera. También pidieron identificar a otros actores que estuvieron durante el aterrizaje del jet privado y que los pasajeros del vuelo amplíen su declaración sobre los hechos.
