El régimen de Bukele detiene a una defensora de los derechos humanos en El Salvador

Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, calificó la detención de una de sus directivas, Ruth López, como “una escalada en la represión de las voces críticas”.

López, quien como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la entidad encabezó varias investigaciones sobre el gobierno de Nayib Bukele, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2024.

Según publicó la Fiscalía General de la República en la red social X, está acusada de presunto “peculado” o apropiación indebida de fondos del Estado antes de iniciar su trabajo en Cristosal.

La FGR, que no da detalles sobre los presuntos hechos, se remonta en su acusación a la época en la que López fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral” (TSE).

Chicas, quien también fue arrestado en febrero acusado de enriquecimiento ilícito, presidió el TSE y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (FMNL, 2014-2019).

“Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa (la de López) en los hechos que se le imputan”, señala la publicación del FGR.

López es una especialista en derecho electoral, nacida en San Salvador el 27 de septiembre de 1977, que pasó 26 de sus 47 años fuera del país.

Fue refugiada durante la guerra civil y, al retornar a su país natal, se especializó en derecho electoral, derechos humanos y derecho comercial, comenzando su carrera en las instituciones públicas.

De 2008 a 2014 trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), centrándose en el fortalecimiento de los procesos democráticos. Y entre 2014 y 2019 participó en la supervisión legal y administrativa en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

López también se ha dedicado a la enseñanza en instituciones de educación superior. Es consultora y profesora asociada del Departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Desde su cargo en la organización, López lideró una serie de investigaciones, como la que denunció el presunto uso de fondos públicos para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos o la supuesta corrupción a la hora de entregar contratos públicos durante la pandemia de covid-19.

“Desde la perspectiva del poder, es mejor que la gente no sepa, porque en la medida que la gente no sabe, ejerce menos sus derechos, exige y se moviliza menos”, declaró en una entrevista con el medio Alharaca en marzo de 2024.

“Tengan decencia, esto un día se va a acabar. No se pueden prestar a esto”, les dijo López a los policías que llegaron a detenerla hacia las 11 de la noche del domingo 18 de mayo a su vivienda, según una grabación a la que hace referencia el medio local El Diario de Hoy.

“Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno. Ese es el único problema. Aquí no hay nada que explicar: eso de peculado, de corrupción, si aquí la que investiga corrupción soy yo”, sostuvo.

Cristosal, en un primer comunicado publicado después de conocerse el arresto de López, lo tachó de un “acto de represión a las voces críticas”, al tiempo que exigía la garantía a su integridad física y el respeto a su debido proceso.

A través de una serie de informes, Cristosal ha denunciado violaciones al debido proceso en El Salvador en el marco de un régimen de excepción que ya dura más de tres años.

Inicialmente impuesto para combatir la violencia de las pandillas, el estado de emergencia ha conducido a una drástica reducción de los homicidios, pero también ha resultado en el encarcelamiento de al menos 80.000 personas.

En un segundo comunicado publicado ya de madrugada, la entidad informó que hasta ese momento ni la familia ni el equipo legal de López habían logrado obtener información sobre su paradero, por lo que tachó lo ocurrido de “detención ilegal y posible desaparición forzada de corta duración”.