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El gobierno busca imponer aranceles para los extranjeros en las universidades públicas

La Casa Rosada tomó la decisión de poner en vigencia el artículo de la Ley Bases que habilita cobrarles para estudiar a quienes no sean argentinos. También advierten que no acatarán un rechazo legislativo al veto y que se judicializará la disputa por fondos.

El gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.

 

Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirmara el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso de la Nación.

 

“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sotenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

 

La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo obtuvo con la aprobación de la Ley Bases, ya que esta herramienta formaba parte del contenido de la norma sancionada por el Congreso.

 

Fuentes del oficialismo subrayaron a Infobae que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.

 

Por su parte, Cadena 3 informó que en caso de que la Cámara de Diputados ratifique esta ley, el Ejecutivo no la acatará, por considerar que “es ilegal un aumento sin los fondos necesarios para tal gasto”.

 

“Si quieren ir a la Justicia, que vayan”, fue la contundente respuesta de un interlocutor del gobierno a esa radio cordobesa.

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