El Gobierno avanza con la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina en medio de críticas
La decisión implica la privatización parcial de la empresa estatal responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Científicos y especialistas advierten que el proceso podría afectar 75 años de desarrollo tecnológico y soberanía energética.
El Gobierno nacional inició el proceso para vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa pública que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida representa un giro histórico en la política energética del país, que desde mediados del siglo XX mantuvo un desarrollo sostenido y estatal en el área nuclear.
La decisión del presidente Javier Milei generó repercusiones inmediatas debido al carácter estratégico del sector. NA-SA no sólo produce alrededor del 7% de la energía eléctrica de la Argentina, sino que además es responsable de la construcción, mantenimiento y proyección de futuras centrales. Investigadores como Daniel Malinovsky y José Kreiner advirtieron que la privatización pone en riesgo décadas de investigación pública y abre la puerta a la participación de capitales extranjeros en un área clave para la soberanía tecnológica.
El proceso se da en un contexto de presión de organismos financieros internacionales. Según el análisis difundido, los acuerdos por más de 40 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y las declaraciones del Tesoro de Estados Unidos sobre su intervención en la “estabilización” económica del país alimentan el debate sobre el impacto de estas exigencias en las decisiones internas de política energética.
Diversos sectores recordaron que intentos de privatización ya se habían impulsado en la década de 1990. Para críticos de la medida, la nueva iniciativa repite aquel esquema: avanzar en la venta de activos estratégicos, reducir la presencia del Estado y orientar la gestión hacia criterios de mercado, en un escenario global donde las principales potencias fortalecen el control público de sus desarrollos nucleares.
La discusión pública también gira en torno a las motivaciones de la privatización. Mientras el Gobierno sostiene una postura liberal que promueve el protagonismo del sector privado, especialistas señalan que la urgencia fiscal y las exigencias del FMI configuran un panorama donde el patrimonio tecnológico construido durante 75 años podría pasar a manos de inversores sin responsabilidad directa ante la ciudadanía.
Fuente: Spanish Revolution.
