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El Gobierno apelará la nulidad del protocolo antipiquetes: “Ni un paso atrás”

La Justicia declaró nulo el controvertido protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich que viabilizó la violenta represión a la protesta social. El gobierno de Javier Milei apelará para intentar sostenerlo.

El juez federal Martín Cormick declaró el lunes nulo el controvertido protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich e implementado por la administración de Javier Milei desde el inicio mismo de su gestión al frente de la Casa Rosada para reprimir la protesta social contra sus políticas de ajuste.

En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo tiene vicios en su conformación legal y atenta contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.

Tras el duro revés judicial, la ahora senadora Bullrich salió a defender el accionar represivo del gobierno libertario mientras que desde el ministerio de Seguridad que ahora conduce Alejandra Monteoliva adelantaron que apelarán el fallo judicial para sostener el protocolo.

En su cuenta en la red social X Bullrich advirtió que “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

Y sentenció: “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

El protocolo que defiende Bullrich es el mismo que se aplicó en cada manifestación de los jubilados de los miércoles en las que las fuerzas de Seguridad golpean sin contemplación a abuelos y a abuelas.

Es el mismo que se aplicó cuando un gendarme disparó una granada de gas lacrimógeno directo a la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo por cuyas consecuencias sigue recuperándose tras estar al borde de la muerte. Es el mismo que hizo que un efectivo de la Policía Federal gaseara en la cara y a escasos centímetros de distancia a una nena de 10 años y es el mismo que habilitó centenares de detenciones arbitrarias y al voleo que luego la Justicia tuvo que desestimar por inexistencia de delito.

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