DestacadosLocales

El defensor del Pueblo criticó la eliminación de las audiencias para las tarifas de servicios

También apuntó al incumplimiento de sentencias judiciales por discapacidad, por parte del gobierno de Milei.

El defensor del Pueblo de la provincia, Daniel Escobar Correa, cuestionó la eliminación de las audiencias públicas para las tarifas de servicios y advirtió sobre un retroceso en materia de derechos con la disolución de la ANDIS

 

“No son hechos aislados. Son decisiones del gobierno nacional que tienden a eludir responsabilidades”, dijo el funcionario. El ombudsman se pronunció con firmeza respecto del comunicado emitido por la ADPRA, que expresó su profunda preocupación por la decisión del gobierno nacional de eliminar el procedimiento de audiencias públicas obligatorias para la determinación de tarifas de servicios públicos esenciales como agua, gas y electricidad, reemplazándolas por mecanismos digitales como formularios de Google y correo electrónico.

 

Escobar Correa señaló que el tema fue tratado en la última reunión de comisión directiva de ADPRA y que todas las Defensorías del Pueblo del país —tanto provinciales como municipales— adhirieron al pronunciamiento: “La preocupación es compartida. Se pretende suplantar procesos que garantizan transparencia por mecanismos que no cumplen con el debido proceso. Aumentar tarifas en servicios esenciales impacta directamente en el bolsillo de las familias y eso no puede resolverse con un simple formulario digital”.

 

El Defensor del Pueblo explicó que la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan los servicios públicos prevén instancias de consulta, pero bajo reglas claras, con participación efectiva y carácter excepcional cuando se trata de consultas públicas alternativas: “Una audiencia pública no es un trámite formal. Es un espacio donde las partes, las organizaciones y los usuarios pueden escuchar de manera directa cuáles son los costos, las razones y los fundamentos de los aumentos que solicitan las empresas prestatarias. Reemplazar eso por un formulario de Google es vaciar de contenido el principio de transparencia”.

 

Ante la consulta sobre posibles acciones institucionales, Escobar Correa indicó que se encuentran evaluando presentaciones judiciales: “ADPRA es una asociación con personería jurídica, no un organismo público, por lo que emite recomendaciones. Cada Defensoría debe evaluar acciones en su jurisdicción. No contamos aún con un Defensor del Pueblo de la Nación designado, por lo que el camino que se analiza es el judicial”.

 

PREOCUPACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS POR DISCAPACIDAD

En otro tramo de la entrevista, el Defensor del Pueblo se refirió a la situación de las personas con discapacidad, particularmente al restablecimiento del pago de pensiones suspendidas tras auditorías realizadas por la ANDIS, hoy disuelta y absorbida como dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.

 

Escobar Correa fue contundente: “Primero hay un incumplimiento de leyes recientemente sancionadas en materia de discapacidad. Además, existen sentencias favorables de la Justicia Federal que ordenan la restitución retroactiva de las pensiones suspendidas. Esas sentencias están apeladas, pero con efecto devolutivo, lo que significa que deben cumplirse igualmente”.

 

Indicó que si bien en algunos casos se restituyeron beneficios, el cumplimiento no ha sido integral: “La semana pasada realizamos un nuevo pedido formal a la Justicia para que el Gobierno Nacional acredite fehacientemente cuántas pensiones fueron restituidas y en qué condiciones. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta satisfactoria”.

 

Asimismo, recordó que las personas afectadas pueden acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento y realizar reclamos: “La Defensoría tiene las puertas abiertas. Quien no haya recibido la restitución de su pensión puede acercarse para informarse y reclamar”.

 

Finalmente, Escobar Correa vinculó ambas problemáticas: “No son hechos aislados. Son decisiones del gobierno nacional que tienden a eludir responsabilidades. La disolución de ANDIS y la pérdida de su autarquía deja a las personas con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad, privándolas de garantías administrativas específicas”.

 

 

Artículos Relacionados

Volver al botón superior